Hay quienes se han espantado o enojado porque ahora en el país hay 10 partidos con registro nacional. Se han sumado Movimiento Regeneración Nacional, Partido Encuentro Social y Partido Humanista. Además, para lo que resta del año se les ha destinado 36 millones 390 mil 104 pesos del presupuesto, del erario. Es lo que espanta a unos y enoja a otros, porque el país no está para derroches ni gastos extraordinarios, aunque no es la primera vez que existe tal cantidad de organizaciones políticas. En las elecciones del 2003 participaron 12 y cinco perdieron el registro. Que conste que entonces el requisito para sobrevivir era obtener el 2 % de la votación.

Ahora la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales exige el 3 %.

Para conservar su registro por lo menos deberán obtener poco más de un millón de votos.

De los tres, quizás Morena, por el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, pase la prueba.

Los otros dos son prácticamente desconocidos para la sociedad y corren el riesgo de tener una existencia fugaz. También pueden correr la misma suerte Nueva Alianza, creado por la maestra Elba Esther Gordillo, Partido del Trabajo que tiene en su raíces el sello de Raúl Salinas y Movimiento Ciudadano que pertenece a Dante Delgado Rannauro, porque sus cifras, en lo individual, los colocan con una limitada presencia en la República.

PT y MC, como ha sido hasta ahora, tienen la esperanza de seguir siendo remolcados por Obrador.

El Panal no ha llegado en los procesos electorales federales en los que ha participado al 4 % de la votación. Ha flotado entre el 2 % y 3 %. Lo sucedido a su principal promotora tendría consecuencias en su porcentaje de aceptación en los comicios del próximo año.

Los ecologistas tienen un promedio de votación del 6 %, participen o no aliados con el PRI.

De los tres grandes, el PRI, PAN y PRD, el tercero puede empezar a sufrir. Depende del número de militantes y simpatizantes que le quite Obrador. Los izquierdistas tendrían que decidir entre Morena y el Partido de la Revolución Democrática. Uno de los dos se quedaría sin registro. En el supuesto de que los dos alcancen el 3 %, quedarían debilitados para las negociaciones plurales.

Las elecciones intermedias o legislativas no son las que más entusiasman a los electores o ciudadanos. Ha prevalecido el abstencionismo. La tendencia seguiría en el 2015.

Vamos a suponer que se repite el porcentaje de participación de la elección intermedia de 2009: 44.06 % del listado nominal. Si así fuera, de acuerdo con las cifras actuales de dicho listado, votarían 35 millones. El 3 % que exige la ley sería un millón 50 mil votos.

Aquí es donde los espantados y enojados tienen la oportunidad de eliminar a quienes carecen de representación nacional. Si acuden a votar y elevan de manera significativa el porcentaje de participación, le van a complicar la vida a los de reciente ingreso y a quienes caminan por el filo del precipicio.

Un elemento que también se debe tomar en cuenta es que la gente vota más por los candidatos que por los partidos y generalmente las organizaciones pequeñas o de reciente creación no tienen a las mejores cartas para competir y ganar una elección federal.

Para que vean que así como nacen, mueren los partidos que no tienen una base sólida, les cuento que en las elecciones del 2000 tres se quedaron en el camino. En las elecciones del 2003, cinco. En las elecciones del 2006, se mantuvieron ocho. En el 2009 se fue uno. Y en los comicios del 2012, siete preservaron su registro.

Ahora hay 10 partidos, pero historia y estadísticas indican que se regresaría a siete en el 2015.

Esta vez les voy a contar una historia revelada por el diputado Manlio Fabio Beltrones y confirmada por Diego Fernández de Cevallos.

Dos personajes de la vida nacional inconfundibles, con largas trayectorias, de altas y bajas, de críticas y elogios, de aciertos y desaciertos. Contra lo único que no han podido es con el tiempo. Se ha encargado de irlos encaneciendo, pero conservan una vitalidad y sensibilidad como pocos en la política.

No se guardan ninguna y se defienden cuando hay ataques, sean de fuego amigo o de adversarios.

Ambos se conocen como la palma de la mano, infinidad de veces se han sentado en la misma mesa. Han discutido, debatido y acordado. Cedido, no siempre, ante la razón de cualquiera de ellos.

Uno priísta y otro panista. Los dos han conservado la misma camiseta de sus respectivos partidos.

Manlio sigue en activo con cargo. Diego, aunque a veces pareciera retirado, se conserva con voz y voto en el panismo. Dice estar dedicado a su profesión de abogado.

En su larga trayectoria seguro que les han dicho hasta de que se van a morir. Aquí no es la intención. Tampoco exaltarlos. Lo que son, dígase lo que se diga, nada lo va cambiar.

Se trata de conocer un pasaje de sus batallas políticas. No hay que perder de vista que militan en organizaciones distintas.

Beltrones es quien reconoce un gran acierto del famoso “Jefe Diego”.

La fotografía que incluye la credencial de elector, antes del IFE y ahora del INE, fue idea de Fernández de Cevallos.

Por su tozudez y necedad, en 1990, cuando se definían las características de dicha credencial, Diego se empeñó en que tuviera fotografía. Inamovible su posición. Se mantuvo en la mesa de negociación.

“Aquí me quedo, no me levanto”, les advirtió.

24 años después Beltrones no tiene reparo en reconocerle que tenía razón sobre las bondades de la credencial con foto.

Cuando se analizó el tema, hace más de dos décadas, los priístas argumentaban que no era posible porque “cuesta mucho dinero”, “no hay presupuesto que alcance”. Hasta llegaron a suponer que Diego era socio de la transnacional empresa fotográfica Kodak.

Es lo que platicó el diputado Manlio Fabio Beltrones en el foro electoral organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 27 de junio.

Diego dio por válida la versión. La complementó. Enteró a los asistentes que hubo un personaje de “alto nivel” que sostenía que no se podía por insuficiencia presupuestal (dinero) y porque no se contaba con la tecnología para hacerlo de una manera masiva.

Le dijeron que sólo era posible en ocho o diez entidades.

Curioso, ni Manlio ni Diego se atrevieron a mencionar quien era ese “alto personaje” en 1990 (entonces Carlos Salinas ocupaba la silla presidencial).

Al final el panista se salió con la suya, sí alcanzó el dinero y la tecnología fue suficiente.

En el presente nadie pone en duda los beneficios de la credencial de elector con fotografía.

Parece increíble. A estas alturas los partidos políticos nacionales todavía tienen como prerrogativa o franquicia el servicio telegráfico. No lo utilizan porque ahora sus comunicaciones son mucho más rápidas a través del teléfono, por correo electrónico (Internet) o por WhatsApp que es un mecanismo gratuito para mensajes instantáneos desde el celular.

El telégrafo tiene sus raíces desde 1746. El invento se le atribuye, ya perfeccionado, a Samuel Morse. En 1833 hizo la primera demostración pública de su aparato (transmisión de mensajes mediante pulsos eléctricos). En 1844 se le dio un uso político cuando desde Baltimore a Washington se telegrafió la nominación de Henry Clay para presidente en los Estados Unidos.  En la actualidad, si le pedimos a una persona de 20 o 30 años de edad, no se diga si es menor a las dos décadas, que envíe un telegrama, seguro que va a preguntar: ¿un qué? Lo más probable es que nunca en su vida lo haya hecho.

Para los partidos en México el telégrafo es historia. A partir de que se fortalece Internet como medio de comunicación colectivo, en los ochentas, empezaron a dejar de usarlo para la transmisión de sus mensajes. Quizás el último uso que le dieron fue de “giros telegráficos” o envío de dinero. Práctica que abandonaron para no dejar huellas del manejo de recursos a través de ese medio.

Sin embargo, el servicio telegráfico sigue como prerrogativa para los partidos en nuestro país, como lo señala el artículo 189 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Dice la ley que “sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas los comités nacionales de cada partido nacional”, nada más dentro del territorio mexicano y “para casos de apremio”.

Bueno, en estos tiempos, para casos de apremio o urgentes, en lo que menos piensan los políticos es en el telégrafo.

El Servicio Postal Mexicano o Correos de México ora y ruega porque los partidos empleen el telégrafo. Les representa ingreso. Sin bien los partidos no lo pagan, el ahora Instituto Nacional Electoral sí dispone un presupuesto anual para dicho propósito. La estimación para este gasto es de alrededor de 800 mil pesos. No se toca ni un solo peso y el dinero es regresado a la Tesorería de la Federación. Sepomex tiene que conformarse únicamente con el pago del servicio postal, correo tradicional, utilizado para el envío de paquetería o propaganda, sobre todo.

Le cuento esto del telégrafo, que a la vista de muchos sería un aspecto menor, porque nos da una idea del trabajo legislativo. Es alta la paga a los diputados y senadores por lo que hacen, por lo que la calidad también debería ser alta en la elaboración de las leyes.

Si el telégrafo ya no lo usan, ¿qué caso tiene que siga vigente el artículo 189 de la ley electoral?

¿En algunos puntos hicieron un copiar y pegar de la ley anterior, sin analizar si eran útiles o no?

Ojalá que en las reformas que vienen, la energética y la de telecomunicaciones, los legisladores no se distraigan con el mundial del futbol.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dejó manos libres a los partidos para actuar en las redes sociales o en las modernas herramientas de la comunicación. No se incluyó  Twitter ni Facebook. Tampoco YouTube.

Regula el uso de la radio y la televisión, sobre todo. También el correo postal y hasta el telégrafo. No se mete de lleno con las redes. Al referirse a la propaganda y las reglas que debe cumplir, habla de lo que se hace en los medios electrónicos y “cualquier otro medio”. En ese “otro medio” pueden quizás entrar las redes. El hecho es que no está especificado el punto ni desarrollado. Seguramente los legisladores no quisieron enredarse con las novedades de la comunicación, con un uso que todavía se debate en el mundo.

Otro factor pudo ser que está pendiente la legislación en materia de telecomunicaciones y hay voces que advierten o temen que se regule o controle los contenidos.

De cualquier manera no deja de ser extraña la posición asumida por diputados y senadores al no tocar las redes. Tal vez porque en México la mayoría aún no tiene acceso a Internet y por lo tanto no hay razón para preocuparse de que puedan influir en los resultados electorales o porque hay quienes prefieren dejarlas sin regulación y sacarles provecho en la competencia política, con un buen equipo de expertos y suficiente dinero.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, de los seis años de edad en adelante, 46 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. Es decir, el 43.5 % de la población total.

De esa cifra, como se observa, no todos son ciudadanos con 18 años o más para poder votar. El número se reduce, porque según el INEGI (2010) hay más de 20 millones de 6 a 17 años de edad. Por lo tanto el solo voto de los internautas no garantizaría ganar una elección.

Sin embargo, puede ser la diferencia en caso de una cerrada competencia. Es aquí donde el partido que sepa usar las redes estará en ventaja frente a quienes no han digerido la comunicación moderna y su impacto en la sociedad. En nuestro país la primera expresión del fenómeno lo vimos con el grupo Yosoy132 y en España con el 15M, eficaz forma de convocar a la gente, aunque después no supieron encauzar esa fuerza.

 Ladyprofeco es otro tipo de fenómeno con origen en las redes. Humberto Benítez Treviño tuvo que dejar el cargo de procurador por el escándalo de la hija que se convirtió en Trending Topic (tema del momento). No le perdonaron la prepotencia en un restaurante.

Han servido para la denuncia y la movilización. Lo negativo es que se ha caído en el exceso y el precio ha sido pérdida de credibilidad. Ya no todo lo que se dice en redes se acepta o da por hecho.

Tampoco el insulto se ve como una expresión espontánea, porque se conocen formas para crear una tendencia ficticia. O es producto del “troller” o de gente financiada para difamar o denigrar.

Las redes son un escenario propicio para la guerra sucia, porque muchos, en particular en Twitter, se escudan en el anonimato y ese anonimato es el que podrían usar los partidos durante la competencia política.

Sabemos que hay partidos que han venido armando su grupo de expertos para el manejo de su presencia en redes, con miras a las elecciones federales y estatales del próximo año. También hay partidos que han descuidado esta parte de su comunicación.

El PRI es el que tiene más seguidores y amigos en Twitter (109 mil) y Facebook (100 mil les gusta su página). En cambio su dirigente César Camacho (75 mil en twitter y 8 mil en Facebook) está por abajo del panista Gustavo Madero 141 mil en twitter y 10 mil en Facebook).

Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) está en cuarto sitio, atrás del PRI, PAN y PRD. Lo interesante es que de los partidos chicos es el que más, por mucho, tiene presencia en la redes (43 mil seguidores en twitter y a 495 mil les gusta su página en face). El PVEM,  el PT y Nueva Alianza han desatendido las redes.

YouTube es un espacio desaprovechado por los partidos. No hay una producción especializada de videos.

Por lo expuesto, hasta ahora los partidos en México no ha sabido sacarle el mayor provecho a las redes, a pesar de que tienen manos libres.

Además, es un espacio mucho menos caro que la radio, televisión y prensa escrita.

Para obtener el registro como candidato independiente a presidente de la República se requiere recabar cuatro firmas de apoyo por minuto, con su respectiva copia de la credencial de elector, en un lapso de 120 días (cuatro meses). En esas condiciones, trabajas y mantienes a la familia o te dedicas en exclusiva a conseguir firmas con ese propósito.

Una situación parecida es la que se exige para los casos de candidatos independientes a senadores  y diputados.

En lugar de candidaturas independientes deberían llamarse “candidaturas imposibles”, por la multiplicidad de requisitos que se deben cumplir. Son las reglas que han elaborado diputados y senadores, representantes de los partidos políticos en el poder legislativo.

¿Se acuerdan de la serie “Misión Imposible” de la cadena de televisión CBS y luego de las películas del mismo nombre, donde el protagonista tiene todo en contra pero al final triunfa? En el procedimiento electivo, las posibilidades de que el aspirante alcance el registro como candidato independiente son mínimas, sobre todo si no dispone de recursos extras.

Y de lograr la candidatura, por supuesto que en los hechos está en desventaja ante quienes compiten con las siglas de un partido.

Era de esperarse. La figura del candidato independiente en ninguna parte del mundo tiene el apoyo que desearía la sociedad. No es exitosa y no puede serlo cuando son los partidos los que determinan las reglas. De cualquier manera, la opción está ya en nuestras leyes.

Para lograr el registro y competir como candidato independiente, para presidente de la República, senador o diputado, hay que cumplir con lo que señalan 82 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De entrada, el aspirante necesita contratar un abogado especialista en temas electorales y un administrador de recursos, para asegurarse de atender lo que dice la norma, para crear una sociedad civil, abrir una cuenta bancaria, inscribirse en el Sistema de Administración Tributaria, rendir cuentas a la unidad de fiscalización y recabar firmas de apoyo.

El reto mayor son las firmas de apoyo para poder solicitar el registro de la candidatura independiente, porque no sólo es el número o porcentaje fijado, sino también el tiempo para lograrlo.

Por ejemplo, para candidato independiente a presidente de la República, la ley indica que se debe contar con el apoyo del 1 % del listado nominal vigente al 31 de agosto del año previo al de la elección. Con las cifras que hay en el Registro Federal de Electores en este momento, estaríamos hablando de 788 mil 410 firmas, con su copia de la credencial de elector.

Si usted vive en el Distrito Federal, no crea ni suponga que le bastaría con dedicarse a recabar firmas únicamente en el DF.  La ley exige que por lo menos en 17 entidades, en cada una de ellas, se cuente con el 1 % del listado nominal correspondiente. Tendría que recorrer el país para la colecta de firmas. Si fuera Veracruz una de ellas,  habría que contar con 52 mil 899.

Para recabar la cifra total de 788 mil 410 dispone de un plazo de 120 días (cuatro meses).  Es decir, en promedio, por día, deberá conseguir seis mil 570 firmas.  Equivale a 273 firmas por hora. Cuatro firmas por minuto.

Es evidente que sólo nunca conseguiría ese número de firmas.

Además, en la recopilación de firmas tiene que considerar la conveniencia de recabar más de las solicitadas, por aquellos nombres que no aparecieran en el listado nominal y que de inmediato serían descontados.

Los aspirantes a candidatos a senadores tienen que sumar el 2 % del listado nominal de la entidad en la que se vaya a participar. Si fuera el Distrito Federal: 139 mil 378 firmas que tendrían que recabar en 90 días (tres meses). Es decir, mil 548 por día, 64 por hora, una por minuto.

Dentro de ese total, también están obligados a contar con el 1 % del listado nominal de la mitad de los distritos de la entidad. El DF tiene 27 distritos. En 13 ó 14 de ellos,  el 1 %. En el distrito electoral XV que se encuentra en la delegación Benito Juárez, por ejemplo, serían tres mil 297 firmas.

Para poder registrarse como candidato independiente a diputado es el 2% del listado nominal del distrito que le corresponda. Si fuera el XV de la Benito Juárez, deberá juntar seis mil 595 firmas en 60 días (dos meses). Es decir, 109 por día.  4 por hora, “media” por minuto. Para que se vea que usted es conocido y aceptado, la ley le pide el 1 %  del listado nominal  de la mitad de las secciones que componen el distrito.

El distrito citado tiene 254 secciones electorales. Tendría que identificarlas cuando vaya a buscar firmas.

Por si fuera poco, en esa etapa, los aspirantes a candidatos independientes tienen  prohibido el acceso a los medios electrónicos (radio-televisión) y en materia de financiamiento nada más pueden hacer uso del privado o propio, con un tope que establecería la autoridad electoral.

Sin duda, está complicado cumplir con todos los requisitos para lograr dicho registro. Es prácticamente una operación de “Misión imposible” o “candidatura imposible”.

Que conste que no entramos a detallar los requisitos que se deben cumplir una vez que se alcanza la candidatura independiente, porque entonces empezaría a recibir el trato, en derechos y obligaciones, como si fuera un nuevo partido, así lo dice la ley.

¿Tendremos algún día un presidente de México surgido de una candidatura independiente? No es una interrogante para quitar el sueño a nadie, cada quien puede encontrar su propia respuesta. Lo preocupante es la falta de comida para el día siguiente o de empleo para tener ingreso y comprarla.

Por eso enoja ver llegar al poder gente que ofrece mejorar la calidad de vida y sigue sin conseguirlo, por lo menos para la mayoría.

Hasta ahora las opciones políticas las han venido dando los partidos y con resultados conocidos por todos.

Juan Ramón de la Fuente es un personaje, como hay otros, citamos a éste porque mediáticamente está a la mano, con fama y prestigio, con ganas de participar en el gobierno. No se decide porque no hay camiseta partidista para su talla o medida.

Además, las camisetas partidistas están manchadas, apestan a corrupción, opacidad, huelen a sudor de pleitos internos y en algunos casos están salpicadas de sangre.

Todavía la candidatura independiente no es una figura de éxito ni en México ni en ninguna parte del mundo; la participación por ese mecanismo es escasa y los logros se cuentan con los dedos, pero los hay.

Es una opción para la sociedad.

La nuestra, la mexicana, tiene en puerta esa oportunidad, una participación distinta a la acostumbrada, para aspirar a ser alcalde, diputado, senador o hasta, en su momento, presidente de la República.

Hay ciudadanos muy valiosos, con capacidad de organización y administración, honestos y ejemplares que no han competido en las elecciones porque la ley los obligaba a registrar su candidatura con las siglas de un partido.

Y los partidos políticos, se han ido desgastando. Con justificada razón han perdido imagen, veracidad, credibilidad y confianza.

Desde el 2012 se dio luz verde a las candidaturas independientes al reformar la Constitución en su artículo 35 para autorizar su registro ante la autoridad electoral, a los ciudadanos que la soliciten y cumplan con los requisitos, términos y condiciones que determine la legislación.

No es una candidatura de fácil digestión para los partidos, porque al final les quita espacios para los suyos.

De cualquier manera, la figura ya existe en el escenario nacional y es deber del poder legislativo fijar las reglas secundarias, el camino para aspirar  al registro de una candidatura independiente, como lo señala el artículo 116 de la Constitución, con derechos y obligaciones.

Garantizar el derecho al financiamiento público y el acceso a la radio y televisión. Acceso a las prerrogativas para que el candidato independiente pueda llevar a cabo su campaña.

Es una opción novedosa en la ley, aunque muy lejos de ser nueva en la historia del universo, porque primero existieron los candidatos y luego los partidos. Nada más que desde que surgieron los partidos, monopolizaron el poder. Su predominancia ha sido en países desarrollados y no desarrollados.

Lo que han ganado no lo van a entregar y menos siendo los autores de la leyes a través de sus legisladores.

En México, después de la reforma de 2012, Raúl de Luna Tovar fue el primer candidato independiente que ganó una elección, en el municipio General Enrique Estrada de Zacatecas.

Todavía no se desarrolla esta forma de participación porque han faltado las reglas para que eso suceda.

Un punto elemental para registrarse como candidato independiente es el número de firmas que se tienen que recopilar. Determinado porcentaje del padrón electoral que variaría por el cargo al que se aspira, porque no es lo mismo competir para diputado que para presidente municipal, senador o presidente de la República.

Basados en la revisión de experiencias de nuestro propio país y otras naciones, puede ser a partir del 1 %. Por ejemplo, en caso del Distrito Federal, en números redondos, si tiene ocho millones de empadronados, habría que juntar 80 mil firmas para competir por la jefatura de gobierno. Para delegado de la Benito Juárez, si fuera por elección, tiene 400 mil empadronados, entonces se requerían 4 mil firmas.

La clave es el porcentaje de firmas que señalen los legisladores y de eso depende si se alienta o se desalienta la participación; encontrar la media para que no se cancele esa posibilidad ni se convierta en una puerta para oportunistas que sólo busquen el autofinanciamiento público de su vida.

Ojalá los legisladores no vayan a pecar de papistas y hagan inalcanzable el requisito del número de firmas.

Descalificar a priori al Instituto Nacional Electoral (INE) es lo más cómodo para quienes se dedican a escribir del tema; fácil hablar de cuotas de partido en la elección de consejeros y dar por hecho que cada uno de ellos va a estar a su servicio, defendiendo intereses ajenos.

Hacer esa crítica cae en un análisis ligero y sobra quienes aceptan esa valoración, porque de tanto repetirse, se admite como verdadera. El argumento trillado es que son los propios partidos, a través de sus diputados, quienes eligen a los consejeros. Por lo mismo, porque son sus autores, se pone en duda la imparcialidad y equidad de las reglas de la competencia.

A través de ese mecanismo legislativo José Woldenberg se convirtió en presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), organismo que está a punto de extinguirse. Tenemos corta memoria, pero ahí están los registros periodísticos que revelan que su etapa tampoco estuvo exenta de escándalos por diferencias entre consejeros. Sin embargo, estuvo a la altura cuando se realizó el proceso que llevó al cambio de partido en poder.

Desde entonces Woldenberg es visto con respeto y admiración. Se lo merece, cumplió con su trabajo, igual que los demás consejeros que los acompañaron en esa responsabilidad. Y la candidatura de Woldenberg a la presidencia del IFE contó con la simpatía de corrientes de izquierda. No recuerdo que alguien lo haya acusado de haber sido producto de cuota partidista o de haberse desempeñado con parcialidad al frente del instituto electoral.

También las reglas que aplicó fueron elaboradas por diputados y senadores de los diversos partidos. Perfectas no lo fueron ni tampoco  lo serán las nuevas que deberá aprobar el poder legislativo. La realidad va mucho más rápido que las leyes, no nada más en lo electoral, y pronto se advierten vacíos o imperfecciones. A pesar de ello, en sus 23 años de vida, el saldo del IFE es favorable.

Por eso desmerece la crítica fácil, hacerla desde un impreso, las redes sociales, la radio o la televisión.

La alternancia en el poder a nivel nacional y en algunos estados es la confirmación de que el sistema electoral ha funcionado y que habrá que seguirlo mejorando, para ir cerrando las rendijas que crean quienes se especializan en tratar de vulnerar el voto de la sociedad.

Está ya procesándose la elaboración de las nuevas leyes electorales y la elección de los consejeros.

Los nombres de los candidatos están a la vista y en nuestra opinión no se vale descalificarlos con el supuesto de que representan intereses de alguno de los partidos políticos.

Veamos quienes son los cinco que están propuestos para la presidencia del Instituto Nacional Electoral.

Marco Antonio Baños Martínez, tiene más de 20 años de carrera electoral. Ha ocupado diversos cargos en el IFE y es actual consejero. Indiscutible que es un experto con amplia experiencia. Tiene maestría en políticas públicas.

Lorenzo Córdova Vianello tiene una vida académica respetable y más de cuatro años ligado al trabajo electoral, primero como asesor y ahora como consejero. Doctorado en historia del pensamiento político.

Edmundo Jacobo Molina ha hecho su carrera sobre todo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es licenciado en Filosofía y se ha venido desempeñando como secretario ejecutivo del IFE.

María de los Ángeles Llanderal Zaragoza con una carrera política y electoral en Michoacán. Presidió el Instituto Electoral de ese estado de 2007 a 2013. Es licenciada en Derecho.

Leticia Catalina Acosta es doctora en Derecho y desde el 2007 ha presidido el Instituto Electoral de Zacatecas.

A los cinco se le podrá liga a determinado partido, a cuotas de partido, pero que no se olvide que el mecanismo de elección de hoy es parecido al que se utilizó en el caso de Woldenberg.

Ponerse la toga de juez y desacreditar por desacreditar desde un medio de comunicación, en nada ensalza al que lo hace. La trayectoria de quienes aspiran a consejeros es transparente y se ha ganado el respeto.

Quizás por las prisas de aprobar la reforma política constitucional en el pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, los legisladores se metieron en un aprieto.

En términos puristas es indiscutible que la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la integración del Comité Técnico de Evaluación que revisará los perfiles de quienes aspiran a consejeros del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) contradice la Constitución.

Va en contra porque el artículo 102 señala que los organismos de derechos humanos “no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”; y en este caso, aunque su participación solo sea “administrativa” o nada más nombre a dos de los siete integrantes del comité, toca un aspecto electoral.

Pudiera llegar a ser motivo de controversia constitucional, aunque en lo inmediato no hay vientos en ese sentido; la tendrían que plantear los propios legisladores y son los que pudieron haber incurrido en un error, por lo tanto no se van a exhibir ni atacarse ellos mismos.

El problema si no se hace el ajuste en la ley suprema puede darse en próximas legislaturas cuando se pierda el consenso y haya quienes tomen ese camino para impugnar la elección de consejeros que no sean de su agrado.

También un órgano autónomo consciente de su esencia, podría abstenerse y no involucrarse en temas electorales, atendiendo estrictamente los términos del 102 constitucional.

Por ahora, todo en paz y la mayoría en la Cámara de Diputados está de acuerdo en seguir adelante así como está la redacción de la ley suprema.

Resulta que en la reciente reforma los legisladores decidieron darle ese papel al organismo de los derechos humanos, en el artículo 41 de la misma ley, quizás sin considerar todo el alcance del 102.

En busca de una salida a lo que parece una contradicción y descuido legislativo, el diputado Víctor Gutiérrez, vicecoordinador del grupo priísta, precisó que no hay error porque solo nombrará a dos personas que no trabajan en dicha institución.

O sea, la comisión de los derechos humanos participará “tantito” en un tema electoral, eligiendo a dos personas para ser parte del comité.

El Comité Técnico de Evaluación es de la mayor importancia, porque representa el primer filtro de los aspirantes a formar parte del INE; hará la selección de los que cumplen los requisitos y son idóneos para el cargo; lista que entregará a los diputados.

Ahí está el detalle, como diría el extinto Mario Moreno, es un hecho que hay una intervención del órgano autónomo en asunto electoral.

Los puristas del Derecho tienen su razón en este caso, aunque también hay abogados  que recuerdan que existe lo que llaman criterio doctrinal y es lo que dicta la ciencia que se debe de hacer para casos similares, cuando se percibe contradicción entre dos disposiciones jurídicas.

Es la regla de la posterioridad cronológica, que le da más peso a la ley posterior sobre la precedente. En decir, aunque el 102 diga que no puede meterse en asuntos electorales, la modificación del 41 autoriza al organismo de derechos humanos participar en el nombramiento de los integrantes del comité técnico.

Lo que urge es elegir a los 10 consejeros y al consejero presidente y darle vida al INE; esperamos que no haya desatinos para llegar a ese objetivo. Es cierto que nadie es perfecto, pero en asuntos electorales los errores pueden ser determinantes para nuestro sistema democrático.

Para ser consejero presidente del ahora Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE) no es suficiente y mucho menos determinante ser mencionado en medios de comunicación.

Ayuda pero no es decisivo y lo sabe bien  Leonardo Valdés Zurita, quien recientemente dejó la presidencia del IFE. El nunca figuró en la lista de columnistas y articulistas.

Bastó su historial y dedicarse de tiempo completo a cabildear con quienes resolverían su elección: los diputados.

Los convenció y ganó por amplio consenso.

Ahora, una vez que ha entrado en vigor la reforma política constitucional, pues prácticamente es el banderazo para definir la integración del nuevo organismo electoral, lo que deberán de resolver los legisladores a la brevedad, para que los plazos establecidos en los transitorios no sean devorados por el proceso electoral de 2015, que empieza a prepararse desde este año.

Con el nacimiento del Instituto Nacional Electoral (INE), se requerirán 10 consejeros electorales y un consejero presidente.

De acuerdo con las nuevas reglas electorales, se mantendrá un criterio escalonado en la renovación de consejeros; se elegirán tres consejeros para un periodo de tres años; cuatro para un periodo de seis años; tres para un periodo de nueve años, y un consejero presidente para un periodo de nueve años.

Para presidir el INE los candidatos se cuentan con los dedos.

Bien harían los actuales consejeros -Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván en no auto-descartarse.

Si de verdad están interesados en servir a la institución y a México en materia electoral, que no les pese inscribirse para competir por integrarse al INE y mucho menos rasgarse las vestiduras o inmolarse en el supuesto de que no sean seleccionados. Su presencia sería una referencia para medir a los demás competidores y hace falta para contribuir a la elección de los más capaces, que los hay.

En la lista se encuentra Néstor Vargas Solano, quien tiene más de una década como especialista electoral; fue presidente del instituto electoral del Distrito Federal y tiene el grado de maestro por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

También Arturo Bolio Cerdán, con la experiencia de haber sido consejero electoral y magistrado del tribunal electoral en el estado de México.

Javier Santiago Castillo presidió el instituto electoral del Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección para jefe de gobierno.

Fernando Agíss Bitar tiene la experiencia de haber trabajado en el IFE como director jurídico y director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos.

Alberto Alonso y Coria, con sobrada experiencia sobre el manejo del Registro Federal de Electores.

Rolando de Lassé es doctor en Derecho y se ha desempeñado como director jurídico del IFE.

Patricio Ballados Villagómez fue coordinador de asesores de la magistrada Maricarmen Alanís, cuando ésta presidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También ha trabajado en el IFE.

Ciro Murayama es académico y economista, no se ha descartado pero ha hecho pública su crítica a la creación del INE.

Arturo Sánchez Gutiérrez ya fue consejero del IFE y demostró ser experto en la materia. El  detalle en contra es que lo ligan con el panismo y en ese sentido no se ha significado por la discreción

María Marcela González Salas y Petricioli primero defendió los colores del PRI, después se puso la camiseta amarilla del PRD y ahora trabaja en la administración priísta como directora de juegos y sorteos de la Secretaría de Gobernación.

Alfredo Cristalina Kaulitz es el titular de la Unidad de Fiscalización del IFE y desde ahí quiere dar el gran salto; no tiene las simpatías ni del PRD ni del PAN.

Estas son las cartas que están a la vista para presidir el INE, pero puede haber alguna oculta bajo la manga.

Los diputados cuentan con 120 días para integrar al Consejo General del nuevo instituto y elegir a su presidente.