En materia electoral la última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo dice la Constitución, no requiere interpretación, literalmente lo especifica y a los juzgadores corresponde acatar. Por eso es que los amparos y suspensiones jurídicas que emiten jueces para frenar el proceso de elección de juzgadores, programado para el próximo 1 de junio, no proceden. Cierto que un amparo o suspensión emitido por juez tiene que obedecerse, no se puede ni debe ignorar, porque entonces se pondría en entredicho el Estado de Derecho. Nada más que en este caso los jueces no son competentes para estos asuntos. La Constitución les impide meterse en materia electoral. Seguro lo saben. Se hacen los desentendidos. Su objetivo es echar abajo la elección de juzgadores. Siguen instrucciones. No les importa actuar al margen de la ley. Dan por hecho y tienen la certeza de que nadie los va a molestar mucho menos a sancionar. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se supone tiene la responsabilidad de vigilar el desempeño de los juzgadores, no ha dicho nada. Ninguno de sus integrantes ha abierto la boca sobre tema en ese sentido, lo que sin duda los hace caer en negligencia, con conocimiento de causa. Se han quedado callados tanto los que llegaron por el camino de la Cuarta Transformación como los que llegaron por el camino de la Corte. Unos porque están convencidos de que nos les conviene la reforma judicial ni el proceso de elección de juzgadores y otros porque están en el final de su ciclo como juristas y no quieren hacer nada que repercuta en su jubilación. El hecho es que se ha dejado hacer y deshacer a jueces que evidentemente actúan por consigna y que lamentablemente, con su proceder, contribuyen al deterioro de la imagen del poder judicial. Si son capaces de pelearse con los poderes Ejecutivo y Legislativo e ir en contra de lo que señala la Constitución, qué puede esperar el mortal común cuando se topa con lo que se supone son impartidores de justicia. Al mortal común lo aplastan si hay consigna, no importa que tenga las mejores pruebas o haya sido declarado inocente y tenga a su favor el acuerdo del poder judicial que declara su caso concluido. En materia electoral, los jueces que siguen la línea de hacer lo que puedan hacer para descarrilar la elección de juzgadores, han chocado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Los magistrados Mónica Soto (presidenta), Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata se han vuelto garantes de hacer respetar y cumplir la Constitución ante la embestida de quienes atienden intereses personales o de grupo. Son mayoría en la sala superior del tribunal y con su voto han desestimado la acción indebida de jueces. También en su oportunidad, mantuvieron firme la defensa y cumplimiento de la ley cuando llegó a su jurisdicción el debate sobre la representación proporcional en el poder legislativo, la distribución de diputaciones y senadurías que tanto cuestionó la oposición. Lo que han hecho Mónica, Alfredo y Felipe es seguir al pie de la letra lo que dice la Constitución, sin inventar interpretaciones. Si hay quienes no entienden o no quieren entender que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la última palabra en materia electoral y que no hay recurso alguno que pueda tirar la reforma judicial y el proceso de elección, es porque lo suyo no es apegarse al Estado de Derecho. ¿Y que hará el CJF con quienes flagrantemente ignoran la Constitución? ¿Va a esperar a que se constituya el Tribunal Disciplinario?
En vísperas de que arranque en febrero el periodo ordinario de sesiones en el poder legislativo, se anticipa que al menos el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados pasaría apuros para mantener la unidad, por las supuestas y reales diferencias en su interior. Al integrarse la bancada parlamentaria de Morena en la actual legislatura no fue ningún secreto que además de Ricardo Monreal, también Alfonso Ramírez Cuéllar quería la coordinación. Desde el proceso de elección de la candidata o candidato presidencial se estableció que los participantes, que no ganaran, tendrían asegurado un espacio de acuerdo con su perfil. Así que por más comunicación y cercanía que tenía con la candidata y ahora tiene con la presidenta, Ramírez Cuéllar, quien no participó en dicho proceso, se quedaría con la vicecoordinación, sin dejar de influir en la toma de decisiones, no como quisiera y sería si fuera la cabeza del grupo. Monreal, para reforzar su liderazgo legislativo, jaló a su amigo diputado Pedro Haces Barba y lo hizo coordinador de operación política. Personaje que no termina de convencer a todo el grupo, porque hay a quienes lo descalifican por sus modos de relacionarse, acostumbrado, como dirigente sindical (secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) a mandar y e imponer su criterio. Para el periodo ordinario de sesiones que se avecina se da por hecho que será intenso el trabajo. Ya están en lista 68 iniciativas, más las que se acumulen en los siguientes días. Nuevas leyes, legislación reglamentaria de recientes reformas constitucionales, temas de vivienda, agua, nepotismo, alimentación, maíz transgénico, medio ambiente, lavado de dinero, entre otros, que van a requerir el consenso de la bancada Morena y sus aliados (PVEM, PT). La oposición no les preocupa, porque su representación es tan raquítica que no le alcanza para echar abajo ninguna propuesta o iniciativa. PRIAN tiene la esperanza de que se divida el voto en Morena, cosa que no sucedería, aunque haya diferencias internas. De acuerdo con la historia legislativa, en los grupos mayoritarios siempre han existido voces que tienen distintas opiniones. Defienden sus posiciones y hacen su mejor esfuerzo para que se tomen en cuenta. Al final todos y todas votan en el mismo sentido, se pone por delante el proyecto de gobierno. Las excepciones en las legislaturas se cuentan con los dedos, rarísimas. Llegan a tener un precio, porque quien disiente sabe que votar en contra impactaría en el desarrollo de su carrera. Hay un argumento de peso político que termina por convencer y que siempre utilizan o han utilizado coordinadores de distintos partidos que han sido mayoría en el pasado y son en el presente. A quienes amenazan con votar en contra, sea porque difieren en algún sentido con la iniciativa o porque pretenden emplear su voto como medida de presión para obtener concesiones, se les recuerda que la propuesta responde al proyecto encabezado por el presidente o la presidenta. Entonces al disidente le queda claro que su comportamiento se hará del conocimiento del jefe o la jefa, al que de alguna manera le debe el cargo. Por eso es que la diferencia de opiniones pasa a un segundo plano cuando llega el momento de votar y se privilegia el proyecto de gobierno. En el caso de la Cámara de Diputados es evidente que Monreal hace la parte que le responde al procurar mantenerse cerca de sus compañeros. Por eso es que esta vez, previo al próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, las reuniones del grupo se descentralizaron, se hicieron regionales.
La reforma electoral que planea llevar a cabo la Cuarta Transformación a finales del año en curso no pretendería acabar con las minorías en el poder legislativo. Van a seguir existiendo. Es lo que se puede desprender de lo dicho por la Doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Si bien se eliminarían las listas de representación proporcional, porque han perdido su esencia o su objetivo original, prevalecería el sistema de “primera minoría” que ya se utiliza para el Senado. Cuando se crearon los legisladores de partido en 1963, no electos de manera directa sino resultado del reparto proporcional de acuerdo con la votación obtenida en las elecciones, el propósito fue garantizar la opinión o expresión de la oposición en el Congreso. Hubo consenso con la apertura, con garantizar la pluralidad legislativa. En la sociedad mexicana y en cualquier sociedad del mundo, todos y todas no piensan igual, entonces habría que reconocer el derecho de quienes tienen un punto de vista distinto. Diferencia de opinión que corresponde a una parte de la población y que merece ser escuchada. El concepto de representación proporcional en el poder legislativo se aprovechó por todos los partidos, no únicamente para preservar a las minorías, también para garantizar la llegada al Congreso de gente valiosa, estudiosos, especialistas en distintos temas, que son necesarios, de la mayor importancia a la hora de elaborar leyes. Fue el camino para el arribo de personajes como Heberto Castillo, Eduardo Valle, Antonio Martínez Báez, Juan de Dios Castro Lozano, Gabriel Jiménez Remus, José Luis Lamadrid Sauza, Rosario Ibarra, Valentín Campa y muchos otros, con presencia e inteligencia reconocidas. Después empezó a distorsionarse el procedimiento, porque sería acaparado por líderes partidistas y sus cuates. Lo acabamos de ver en la reciente elección, los dirigentes del PRI y PAN se anotaron en el primer lugar de sus respectivas listas para asegurar su lugar en el Senado. Antes de que la Doctora Sheinbaum hiciera la precisión sobre la participación minoritaria, hubo voces dentro de la estructura oficial que se frotaban las manos anticipando la aniquilación opositora, basados en la versión que corrió en la administración anterior de que se acabaría con los plurinominales. En contraste, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, argumentó la importancia de escuchar a las minorías y no excluirlas por decreto. La presidenta, en conferencia mañanera del nuevo año, puso a cada quien en su lugar. Dejó en claro el alcance de lo que sería la propuesta de reforma electoral. En lugar de la representación proporcional quedaría lo que es llamado “primera minoría”. Es decir que los candidatos a diputados y senadores que logren el segundo lugar en la competencia electoral, también tendrían un escaño o curul en el poder legislativo, como oposición. Ya se hace en cierta medida en la composición del Senado, 32 de sus integrantes son de primera minoría. Habrá que esperar a conocer la propuesta completa en materia electoral, porque además de la primera minoría, podría crearse otra figura para ampliar la pluralidad legislativa. El tema de la integración de las cámaras será solo uno de los muchos puntos que le darán un giro a la competencia política. Por lo pronto, queda aclarado que el proyecto no se encaminaría a desaparecer a la oposición en el poder legislativo.
Antes de concluir 2024, en diciembre, en conferencia mañanera, un periodista tocó el tema del Servicio Militar Nacional (SMN), que en muchos países ha dejado de ser obligatorio. Por la forma planteada en Palacio Nacional lo hizo con el interés de que sea mejorado para reforzar valores patrios, respeto a símbolos nacionales, la solidaridad y el sentido social para ayudar a quienes sufren alguna emergencia o desastre natural. No es actividad y menos obligada que entusiasme a jóvenes al cumplir 18 años de edad. Ha dejado de importarles, aun a sabiendas de que todavía en algunas instituciones públicas y privadas la llamada Cartilla (documento que prueba haber realizado el SMN) es requisito para ingresar a trabajar. Durante décadas fue requerida por la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar pasaporte. En 2003 Vicente Fox amplió la convocatoria para inscribirse en dicho servicio, estableció que fuera voluntario para mujeres. En el caso de los varones desde su creación ha sido obligatorio. Tiene su origen en los cuarentas del siglo pasado, cuando México intervino en la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora no hay cifras oficiales de cuántas mujeres participan en el Servicio Militar Nacional. Lo más probable es que sean muy pocas o ninguna, porque si para los hombres ha dejado de ser atractivo, a las mujeres pareciera que tampoco les llama la atención. Al principio, según quienes participaron, les enseñaban en la parte final del curso a desarmar y utilizar el fusil o máuser, arma que en estos tiempos ya no se emplea en las guerras. Es obsoleto ante el desarrollo que ha tenido la industria militar en el mundo. Después, solo era “marchar” cada sábado o domingo durante un año, caminar o correr de un lado a otro con gallardía y uniformidad. Seguir puntualmente las indicaciones de instructores militares. En 1994 y hasta 2005 se determinó que los jóvenes participarían en programas sociales y educativos, en campañas de alfabetización. Por lo visto no tuvo el éxito esperado. Volvió el entrenamiento básico. Si bien el Servicio Militar Nacional es obligatorio, hay una ley en la materia, no existe ninguna sanción para quien no lo haga. De acuerdo con la normatividad, el adiestramiento es coordinado por las fuerzas armadas. En la mayoría de los países se ha suprimido el servicio militar obligatorio. España lo hizo en 2001, al ver que perdía utilidad ante la profesionalización de sus tropas y porque no faltó el incidente, por mal uso de una de las armas, que le quitó la vida a uno de los conscriptos. Para Alemania dejó de ser obligatorio en 2011. También en el mismo año en el caso de Francia. Antes, en 2004 en Italia. En América es obligatorio en Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba y Paraguay. En Estados Unidos aplica la obligatoriedad en situaciones de emergencia o guerra. En Rusia es obligatorio. Israel y Corea del Norte lo han mantenido obligatorio para hombres y mujeres. En China prácticamente es voluntario. México es un país pacifista, constitucionalmente no es intervencionista sino partidario de la autodeterminación de los pueblos. Muy lejos quedó el escenario de 1940 que lo llevó a implantar como obligatorio el servicio militar para jóvenes. La presidenta Claudia Sheinbaum, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, en la conferencia mañanera, simplemente respondió: “No es necesario”.