¿Quién perderá el registro?

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Hay quienes se han espantado o enojado porque ahora en el país hay 10 partidos con registro nacional. Se han sumado Movimiento Regeneración Nacional, Partido Encuentro Social y Partido Humanista. Además, para lo que resta del año se les ha destinado 36 millones 390 mil 104 pesos del presupuesto, del erario. Es lo que espanta a unos y enoja a otros, porque el país no está para derroches ni gastos extraordinarios, aunque no es la primera vez que existe tal cantidad de organizaciones políticas. En las elecciones del 2003 participaron 12 y cinco perdieron el registro. Que conste que entonces el requisito para sobrevivir era obtener el 2 % de la votación.

Ahora la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales exige el 3 %.

Para conservar su registro por lo menos deberán obtener poco más de un millón de votos.

De los tres, quizás Morena, por el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, pase la prueba.

Los otros dos son prácticamente desconocidos para la sociedad y corren el riesgo de tener una existencia fugaz. También pueden correr la misma suerte Nueva Alianza, creado por la maestra Elba Esther Gordillo, Partido del Trabajo que tiene en su raíces el sello de Raúl Salinas y Movimiento Ciudadano que pertenece a Dante Delgado Rannauro, porque sus cifras, en lo individual, los colocan con una limitada presencia en la República.

PT y MC, como ha sido hasta ahora, tienen la esperanza de seguir siendo remolcados por Obrador.

El Panal no ha llegado en los procesos electorales federales en los que ha participado al 4 % de la votación. Ha flotado entre el 2 % y 3 %. Lo sucedido a su principal promotora tendría consecuencias en su porcentaje de aceptación en los comicios del próximo año.

Los ecologistas tienen un promedio de votación del 6 %, participen o no aliados con el PRI.

De los tres grandes, el PRI, PAN y PRD, el tercero puede empezar a sufrir. Depende del número de militantes y simpatizantes que le quite Obrador. Los izquierdistas tendrían que decidir entre Morena y el Partido de la Revolución Democrática. Uno de los dos se quedaría sin registro. En el supuesto de que los dos alcancen el 3 %, quedarían debilitados para las negociaciones plurales.

Las elecciones intermedias o legislativas no son las que más entusiasman a los electores o ciudadanos. Ha prevalecido el abstencionismo. La tendencia seguiría en el 2015.

Vamos a suponer que se repite el porcentaje de participación de la elección intermedia de 2009: 44.06 % del listado nominal. Si así fuera, de acuerdo con las cifras actuales de dicho listado, votarían 35 millones. El 3 % que exige la ley sería un millón 50 mil votos.

Aquí es donde los espantados y enojados tienen la oportunidad de eliminar a quienes carecen de representación nacional. Si acuden a votar y elevan de manera significativa el porcentaje de participación, le van a complicar la vida a los de reciente ingreso y a quienes caminan por el filo del precipicio.

Un elemento que también se debe tomar en cuenta es que la gente vota más por los candidatos que por los partidos y generalmente las organizaciones pequeñas o de reciente creación no tienen a las mejores cartas para competir y ganar una elección federal.

Para que vean que así como nacen, mueren los partidos que no tienen una base sólida, les cuento que en las elecciones del 2000 tres se quedaron en el camino. En las elecciones del 2003, cinco. En las elecciones del 2006, se mantuvieron ocho. En el 2009 se fue uno. Y en los comicios del 2012, siete preservaron su registro.

Ahora hay 10 partidos, pero historia y estadísticas indican que se regresaría a siete en el 2015.

Arturo Zárate Vite

 

 

Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Titulado con mención honorífica.

Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal.

Más de cuatro décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político.

Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio.

Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.