¿Quién compra los votos?

INE
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Mientras haya muchos pobres en México la compra de votos persistirá. La legislación electoral ha evolucionado, las reglas para la competencia política no han dejado de perfeccionarse. El país tiene un nuevo organismo. Dejó de ser IFE para transformarse  en Instituto Nacional Electoral (INE). El problema es que hay más de 60 millones de pobres (60.6 millones, según cifra de diciembre de 2013 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL).

En esa condiciones ni con leyes perfectas se podrá evitar la compra de votos, ni con el mejor consejero presidente ni los mejores consejeros electorales, ni el tribunal electoral más justo. El hambre y las necesidades básicas son primero. Los que tienen el dinero e interesados en ganar las elecciones al precio que sea, ya encontrarán la forma de eludir las leyes para incrementar su votación.

Los que sufren la falta de recursos para el sustento diario, por necesidad caerán en la tentación. Más de un candidato les ha dicho que reciban el dinero o la despensa, pero que voten sin influencias o presiones. La verdad, ese pueblo de México, es muy noble y no duda en agradecer con su voto al que le da la mano.

Es indiscutible la evolución legislativa en materia electoral con la mira puesta en la imparcialidad, equidad, respeto absoluto al voto e impulso a la participación de la sociedad. Se han aprobado medidas de acuerdo con las circunstancias y tiempos del país. Lo que para una etapa ha sido positivo, después ha tenido que ajustarse ante el desgaste y abuso en que incurren actores de la contienda política. Sin embargo, con tantos pobres, está en chino acabar con los vicios.

En 1977 se flexibilizó la formación de partidos y se introdujo la figura de la representación proporcional. En 1980-1990 se dio vida al Instituto Federal Electoral (IFE), se consolidó el tribunal electoral  y se ampliaron los derechos e los ciudadanos. En 1993 se suprimió la auto-calificación que hacían los colegios electorales de las cámaras de diputados y senadores.

Durante 1994 se avanzó en la ciudadanización del IFE y fue aceptada la observación internacional. En 1996 se afianzó la democratización en el Distrito Federal y el poder judicial a través del tribunal electoral se convirtió en garante de los derechos políticos del ciudadano. En 2003 se dio luz verde al voto de los mexicanos en el extranjero, medida que no ha cuajado como se esperaba en un principio, porque todavía es poca la participación. En 2007-2008 se creó un nuevo modelo de comunicación electoral. En 2011 por fin se aprueban las candidaturas independientes, pero con más candados que ni el mago Harry Houdini podría abrir si viviera. También en 2011 se aceptaron la iniciativa popular y la consulta popular.

Y en 2013-2014, la transformación del IFE en INE, con nuevas competencias, entre ellas la centralización del organismo electoral con el fin de acabar con el manipuleo de gobernadores en elecciones. De nueva cuenta la reelección de diputados federales y locales, senadores y regidores; paridad total de géneros en las candidaturas a puestos de elección popular, formación de gobiernos de coalición y nuevas causales de nulidad de una elección.

Sin duda, han trabajado los legisladores en materia electoral, más y mejores reglas para procurar que la competencia política sea pareja. Lástima que haya demasiados pobres.

Arturo Zárate Vite

 

 

Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Titulado con mención honorífica.

Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal.

Más de cuatro décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político.

Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio.

Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.