Por unanimidad la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que posponía el proceso de revocación de mandato. Los magistrados dejaron en claro que no es atribución del INE posponer la revocación con el argumento de que no cuentan con recursos suficientes para hacerlo. A fin de que se cumpla con lo que establece la Constitución para que se haga la revocación, los magistrados vincularon a la Secretaría de Hacienda. Es decir, una vez que el propio INE ajuste su presupuesto, deberá ver cuánto le falta y hacer la solicitud de recursos correspondiente a la Secretaría de Hacienda. Aun cuando la sesión de la sala superior del TEPJF se llevó a cabo a través de videoconferencia, no estuvieron los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante González.
Llevar a cabo un “trabajo legislativo franciscano” no tendría la finalidad de que los diputados vivan bajo la más estricta pobreza como el santo italiano del siglo XIII, sino inspirados en esa austeridad, que ahora es abanderada desde Palacio Nacional, cuidar más los recursos que son del pueblo. Por eso, cuando de antemano saben las posiciones de lo grupos parlamentarios, que caso tiene seguir adelante con los foros. Con los de la reforma eléctrica se gastaron 20 millones de pesos y no consiguieron nada, ningún acuerdo, ningún cambio a la Constitución. Otro tanto igual han dicho que se van a gastar con los foros electorales. ¿Para qué? Todavía más porque los diputados de la mayoría y de la oposición realizan por separado sus respectivos foros. También habría que incluir lo que se les paga para que legislen. ¿Si en vez de seguir con sus foros, se sientan a la mesa a identificar coincidencias y empiezan a negociar para armar proyecto de dictamen? Desde abril cuentan con la iniciativa del Ejecutivo, así que a estas alturas los diputados ya deben de saber en que estarían de acuerdo. Por lo que ha declarado la oposición, la reforma constitucional no va a transitar, al menos como quiere la mayoría parlamentaria. Ya ha dicho que no va a permitir que se toque al Instituto Nacional Electoral (INE), nada que signifique desconocer o eliminar lo avanzado por el instituto. Guste o no, primero con el IFE y ahora con el INE, el país ha vivido la alternancia. Tres fuerzas políticas distintas. Por muchos años estuvo el PRI. En el 2000 llegó el PAN y en el 2018 Morena. Los foros poco o nada contribuyen cuando participan conferenciantes con posiciones conocidas. José Woldenberg y los demás ex presidentes del instituto electoral no van a plantear nada nuevo. Tampoco consejeros y ex consejeros, especialistas y académicos. Quizás puedan ser útiles las exposiciones de los expertos para los diputados o diputadas que no dominan el tema electoral, aunque se supone que compitieron en un proceso para llegar a la cámara y por lo tanto tendrían que haberse empapado de las leyes electorales. Cada uno de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, la de Reforma Política Electoral y la de Puntos Constitucionales, sus presidentes Graciela Sánchez Ortiz y Juan Ramiro Robledo Ruiz, conocerían no solo la iniciativa del Ejecutivo sino las 40 que hay en la materia. Así que, en vez de desperdiciar otros 20 millones de pesos, habría condiciones para sentarse a dialogar, buscar consensos, negociar. Ver si en la constitucional hay coincidencias, para modificar la ley suprema y atender la demanda social de que la política cueste menos. Si en la constitucional prevalecen diferencias, entonces concentrarse en leyes secundarias, reformar lo que permita perfeccionar la operación del instituto electoral y los tribunales, reducir gasto y terminar con duplicidades en desempeño de consejeros y magistrados. Cierto que los foros están en marcha, tanto los de la mayoría parlamentaria como los de la oposición, con los rollos de siempre. Hay expertos, consejeros y ex consejeros que, les encanta al protagonismo y los reflectores, al fin que no son ellos los que pagan eventos huecos. Lo fundamental es aprovechar el tiempo parlamentario, sobre todo en tiempos inflacionarios, aplicar el criterio franciscano en el trabajo legislativo, porque al pueblo apenas le alcanza para comer.
En aras de contribuir a que prevalezca la verdad e impere la justicia, son bienvenidas las consideraciones hechas por el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acerca de la crítica y el debate sobre resoluciones de juzgadores. Descalificaciones, adjetivos, especulaciones y la diatriba no favorecen el esclarecimiento de asuntos cuando lo que se requiere es que vayan por delante razonamiento, juicio y sensatez. Cierto que en ocasiones la parte afectada cae en la desesperación al advertir actuaciones contrarias a la impartición de justicia e incurre en explicables estridencias que llegan llamar la atención de autoridades superiores, como sucedió con el caso de la familia Cuevas-Morán. Llegó a tal punto de ruido mediático que tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia, para revisar lo sucedido e impartir justicia, ordenar por unanimidad la libertad inmediata de Alejandra Cuevas y anular la orden a aprehensión contra Laura Morán, acusadas de homicidio sin pruebas determinantes. Sin embargo, no hay que perder de vista que los juzgadores son humanos y que por lo mismo pudieran llegar a equivocarse. Nadie es perfecto, la justicia no es ciencia exacta, no es suma de dos más dos, hay ley, interpretaciones y revisiones. Antes equívocos, lo conveniente es señalarlos para contribuir a que se corrijan; procurar que floten verdad y justicia, en términos respetuosos, como lo sugiere el presidente de la Corte. Evitar sospechas de que se actúa por consigna, presiones o por dinero, que en nada favorecen a la imagen del poder judicial y mucho menos a la del juzgador involucrado en el caso. El mejor camino siempre será la estricta aplicación de la ley, sin inclinar por anticipado la balanza. Dentro de este contexto, la alerta sobre resolución emitida por la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Tribunal Primero Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México. El Séptimo Tribunal Colegiado, de oficio, sin queja de por medio, ordenó al unitario emitir nueva resolución (Toca Penal 21/2018) para que motivara o fundara penalizaciones aplicadas y, lo que hizo, a la vista de cualquier analista y experto en leyes, fue prácticamente repetir lo que ya había hecho. Volvió a la conceptualización genérica, sin entrar a la sustancia y mucho menos fortalecer o reforzar argumentos, quizás porque no encontró o de plano en el expediente no existen elementos para enriquecer el sustento jurídico. Ha decidido medir con el mismo rasero todas las conductas, sin tomar en cuenta criterios que derivan de las leyes y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tema se ha complicado porque en el historial de este asunto no hay pruebas, ni las más mínimas para proceder a la condena. Además, es un proceso que hasta ahora ha omitido el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que “solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable….en caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado”. Por lo pronto, corresponderá al sétimo tribunal colegiado revisar la actuación del tribunal unitario, para garantizar que prevalezcan justicia e imparcialidad, no la injusticia ni la parcialidad.
Sería derroche si los diputados se gastan 20 millones de pesos y no llegan a ningún acuerdo en la reforma electoral. Hay puntos que la sociedad no les va a perdonar si los dejan igual. Es obvio que la sociedad no quiere gastos excesivos en política, no hay necesidad de encuestas para saberlo. Está a la vista lo que se destina a los partidos cada año por actividades ordinarias y el incremento que reciben cuando hay elecciones estatales o federales. Los mismos partidos están conscientes de esta situación. Al menos en sus declaraciones hay unanimidad para ajustar presupuestos. Es tema de consenso, no hay necesidad de ponerse a discutir si debe darse o no el recorte. Lo que faltaría puntualizar es el monto, el porcentaje, la fórmula para bajarle al dispendio, del que todos son culpables. Lo mismo deberá suceder con el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin perder su esencia ni renunciar a lo fundamental, deberá prevalecer la sensatez para ajustar su estructura. A estas alturas trasciende, en voz de Ignacio Mier, coordinador de la diputación de Morena en la Cámara de Diputados, porqué son 11 consejeros electorales los integrantes del Consejo General del instituto. Según el legislador, para garantizar su respectiva cuota de representación a los partidos que decidieron tendría dicha composición. Para tranquilizar a los partidos principales, sobre todo; cuotas que en nada favorecen el trabajo de consejeros que llegan a sentirse comprometidos con quienes les dieron el apoyo para lograr el acceso al Consejo General del Instituto. Existe la propuesta de que sean siete los consejeros, el mismo número de magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El número que se decida deberá estar plenamente justificado, de acuerdo con el tamaño de las tareas que tiene asignadas el organismo. En el fondo no se trata de eliminar el INE, como no se eliminó al IFE cuando dejó de existir. Hubo cambio de nombre, con iguales o más atribuciones. Hay que recordar que, con la más reciente reforma electoral, el instituto asumió el control de todos los organismos locales y la fiscalización electoral nacional. Se multiplicó su trabajo y podría volver a suceder con la nueva reforma si se aprueba lo que se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Por lo pronto, los diputados y los partidos ya están inmersos en foros electorales, para escuchar a expertos e interesados en el tema. Sería lamentable que se repitiera la historia de la reforma eléctrica que no alcanzó el voto de la mayoría calificada, requerida en cambios constitucionales. Dejar las reglas como están y no hacer nada para hacer efectiva la austeridad, mantener una posición intransigente, le puede salir caro a los partidos que lo hagan, cuando vengan las elecciones. Los electores podrían castigarlos con su voto, porque es clamor bajarle al gasto político. Si hay 49 propuestas en materia electoral, incluyendo la del Ejecutivo, en la Cámara de Diputados, la lectura es que los legisladores coinciden en revisar reglas y operación de la estructura electoral.
El reloj del Palacio Postal fue hecho en Alemania hace 115 años y nunca ha dejado de funcionar. Solo en dos ocasiones le han dado mantenimiento de fondo. Las piezas reemplazadas han sido elaboradas por relojeros mexicanos. El reloj está en su parte superior, en la torre central, en la pared donde se encuentra la puerta principal. Tiene dos metros de diámetro; fue diseñado por el arquitecto e ingeniero italiano Adamo Boari, que hizo tanto el Palacio Postal como el Palacio de Bellas artes, dos obras emblemáticas de México. Costó 5 mil quinientos pesos, hoy su valor es incalculable, es único en el mundo porque fue hecho especialmente para el Palacio Postal que se encuentra en la esquina de Tacuba y Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Cuando llegó el reloj de Alemania traía números romanos, se tuvo que pedir al fabricante que los cambiara por números arábigos, no porque son los que más usamos sino para que coincidieran con el estilo francés del Palacio Postal. El reloj tiene tres sonidos diferentes, el primero suena a la media hora, el segundo a los 45 minutos y el tercero a los 60 minutos. Sonidos que por dos o tres décadas, cuando la CDMX tenía menos de un millón de habitantes, se escuchaban en cuatro kilómetros a la redonda. Son sonidos producidos por el martilleo sobre seis campanas de bronce que están en el techo del palacio postal. En la actualidad, por el bullicio, el ruido de la calle, miles y miles de personas que caminan por el Centro Histórico; por los miles y miles de automóviles que circulan sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle de Tacuba, no se escuchan en la vía pública ni a un metro de distancia del palacio postal. Para poder escuchar los sonidos hay que estar en el interior y en el cuarto piso del Palacio Postal. También es posible escuchar el tic tac del reloj con la oreja pegada al cristal que protege la maquinaria y que está a la vista de los visitantes. Su maquinaria está formada por engranes y contrapesos, no es un reloj automático, hay que darle cuerda para que funcione. Hay una manivela con la que cada semana, personal del Palacio Postal le da cuerda y si es necesario lo ajusta para que marque la hora exacta. La gerente de cultura del Palacio Postal, la maestra Quetzalli Rosas, nos ha confirmado que las visitas guiadas gratuitas se han reanudado en el Palacio Postal, para admirar todo el edificio, que incluye poder observar en detalle la maquinaria de su reloj y escuchar sus sonidos metálicos que lo distinguen desde hace 115 años.
