Por unanimidad la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que posponía el proceso de revocación de mandato. Los magistrados dejaron en claro que no es atribución del INE posponer la revocación con el argumento de que no cuentan con recursos suficientes para hacerlo. A fin de que se cumpla con lo que establece la Constitución para que se haga la revocación, los magistrados vincularon a la Secretaría de Hacienda. Es decir, una vez que el propio INE ajuste su presupuesto, deberá ver cuánto le falta y hacer la solicitud de recursos correspondiente a la Secretaría de Hacienda. Aun cuando la sesión de la sala superior del TEPJF se llevó a cabo a través de videoconferencia, no estuvieron los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante González.
El asunto no está relacionado con ningún político ni partido. Tampoco están de por medio millones de pesos ni grandes extensiones de terreno, lo que está en trámite o sucesión testamentaria es una propiedad de 200 metros cuadrados en colonia popular, que se inunda en temporada de lluvias. Caso menor que no implica pleito, porque no hay dos partes, solo una, el drama de familia común del estado de Veracruz. Hasta ahora, después de cuatro años, no ha conseguido la adjudicación del patrimonio. Como sucede en muchos hogares, el padre no hizo testamento, quizás porque solo era dueño de la pequeña casa donde vivía. A fin de regularizarla, los hermanos acordaron que uno de ellos fuera el beneficiario. Por su desconocimiento jurídico, buscaron abogado, elegido prácticamente al azar, que los ayudara a realizar el trámite. El abogado planteó que el procedimiento era complejo para desahogarlo, cotizó en 30 mil pesos el servicio y ofreció que en menos de un año lo resolvería. La familia recurrió a sus ahorros para poder pagarle. Pasó más de un año y nada. Según el “defensor” el asunto no avanzaba porque la juez Liliana Robles García, titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Séptimo Distrito Judicial con sede en Poza Rica, Veracruz (expediente 534/2018), requería credencial del fallecido. La credencial fue entregada. Creyó la familia que, cumplidos todos los requisitos, pronto saldría la adjudicación. No. Lo que sucedió fue que el abogado pidió más dinero. La familia contrató a otro defensor, con menos pretensiones económicas, con mucho más sentido social, que distingue entre personajes poderosos y población desfavorecida. Ahora el juzgado Décimo de primera instancia entró a la etapa de indagar en el Archivo General de Notarías de la entidad veracruzana si existe algún testamento sobre dicha propiedad. Es evidente que el caso es menor, solo de la mayor importancia para los interesados. No hay nadie que impugne la sucesión testamentaria como para justificar que el trámite lleve ya cuatro años y no se agote. Lejos está la familia de vivir en la opulencia. Su propiedad, de solo 200 metros cuadrados, ubicada en zona popular. Para nada es residencial, no es fraccionamiento de mansiones, sino de hogares modestos. Su objetivo es regularizarla, para que los pagos de servicios municipales ya no se hagan a nombre de un fallecido y para que el beneficiario tenga la certeza jurídica de que no le pueden quitar lo que es suyo. La Constitución en su artículo 17 establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, en todo el país. Si para atender un caso como el citado, de carácter civil y familiar, en el que todos los actores involucrados están de acuerdo, la autoridad se toma más de cuatro años, cualquier cosa se puede esperar en otros ámbitos. Claro que se podrá alegar que la lentitud obedece a la pandemia, nada más que el tortuguismo llegó mucho antes que el Covid. Es ejemplo de como anda la administración de la justicia en la vida real, en el nivel que se tiene contacto con el pueblo, con los de abajo que apenas poseen lo básico, para donde no parecen mirar los que están arriba en la estructura del poder judicial, en este caso, del estado de Veracruz. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @zarateaz1 arturozarate.com
Lo que quiere la sociedad de la reforma eléctrica es que el servicio de luz cueste menos, que no entre en espiral inflacionaria y esté obligada a pagar más cada mes. Fue el ofrecimiento que hicieron los que llevaron a cabo la reforma energética del 2013. La iniciativa de Enrique Peña Nieto contó en el poder legislativo con los votos a favor del PRI, PAN, Verde Ecologista y Nueva Alianza; en contra, PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Se promovió en medios que México tendría electricidad barata, resultado de atraer inversión privada, generar competencia y asegurar un marco legal confiable al capital nacional y extranjero. Para la oposición no fue otra cosa que privatizar la industria y debilitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en perjuicio de la economía de la mayoría de la población. Hoy de nuevo el tema está sobre la mesa y en puerta lo que llaman “Parlamento Abierto de la Reforma Energética”, que arrancará el próximo 17 de enero y concluirá el 15 de febrero. Un mes para saber y precisar lo que más conviene a México y a los mexicanos. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO), que preside Rubén Moreira (PRI), integrada por Ignacio Mier (Morena), Jorge Romero (PAN), Carlos Alberto Puente (PVEM), Alberto Anaya (PT) Jorge Álvarez (MC) y Luis Ángel Espinosa (PRD), tiene definida la agenda, para que participen los que conocen y dominan el tema. Hay programados 19 foros, que abarcarán todo lo relacionado con el sector eléctrico, las energías limpias y el litio. Se desahogarán a través de mesas de comisiones legislativas, debates en el Canal del Congreso y diálogos de la propia JUCOPO con expertos. De los 19 foros, la JUCOPO ha seleccionado seis, sin cerrarse la puerta para intervenir en otros. Le interesa (foro del 18 de enero) lo que tiene que ver con redes eléctricas, generación, sociedades de autoabastecimiento, productores independientes de energía, subastas de largo plazo y proyectos de generación posteriores a la reforma de 2013. También (foro del 26 de enero) sistema eléctrico, seguridad energética y seguridad nacional. En tercer lugar (foro del 2 de febrero), impactos económicos y financieros para la CFE y la Hacienda Pública de las reformas energéticas y su sostenibilidad. Cuarto (foro del 8 de febrero), cambio constitucional para un nuevo sistema eléctrico y su régimen transitorio, competencia en la adquisición de energía del sector privado para abastecer al servicio público de electricidad. Quinto (foro del 9 de febrero), transición energética soberana y litio como área estratégica (México tiene vastos yacimientos de litio, es un elemento que se utiliza en el mundo en baterías de teléfonos celulares o inteligentes). Y sexto (foro del 15 de febrero), misión social y desarrollo productivo de la CFE. Son temas seleccionados por los coordinadores parlamentarios, interesados en revisarlos a fondo de manera directa, porque tienen papel neurálgico en la reforma energética. En su selección no incluyeron tarifas, pero seguro que estarán muy atentos de lo que digan los especialistas. Si algo anhelan millones de usuarios es electricidad barata. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @zarateaz1 arturozarate.com
En la sesión de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del 29 de diciembre del año pasado, la magistrada Janine Otálora Malassis presentó voto “concurrente” en defensa de los derechos políticos del ciudadano. Lo hizo al analizarse y debatirse el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que posponía la realización del proceso de Revocación del mandato, con el argumento de seis consejeros encabezados por Lorenzo Córdova Vianello de que el organismo carece de recursos necesarios para llevarlo a cabo. Independientemente de que ella y todos sus compañeros coincidieron en echar abajo el acuerdo del INE, porque no está entre sus atribuciones diferir la consulta por ese motivo, observó que era injusto e incorrecto que se desecharan recursos de ciudadanos, que también estaban inconformes con el aplazamiento aprobado por el instituto. No se tomó en cuenta el reclamo de ciudadanos que consideraban que sus derechos eran vulnerados con esa decisión de consejeros electorales, contraria a los tiempos establecidos para el proceso de Revocación de Mandato. Ciudadanos que, con su firma, representan una parte medular el mecanismo de consulta constitucional. Por ley se requiere del 3 % de firmas del total de ciudadanos que están en el padrón, para que se pueda realizar; y que dicho porcentaje esté presente en al menos 17 estados. También es indiscutible la relevancia que tiene el voto de los ciudadanos, porque a través de su voto se determina si el mandatario en funciones se queda o se va del gobierno. La sala superior concluyó que los recursos de los ciudadanos, en este caso, no procedían por falta de interés jurídico, debido a que el acuerdo del INE todavía no surtía efectos o no había sido aplicado y por lo tanto no afectaba derechos del ciudadano. Criterio que pasaba por alto que el ciudadano ya estampó su firma para que se lleve adelante el proceso de Revocación de Mandato y no quiere que un organismo electoral retrase la consulta o incluso ponga en duda su realización. Para la autoridad, habría que esperar a que se hiciera efectivo el retraso, con el riesgo de que entonces el perjuicio fuera irreparable Negar o posponer el ejercicio de un derecho, por donde quiera que se le vea, afecta el derecho de los ciudadanos, no nada más el derecho de los partidos políticos. Por eso resultó oportuna la valoración y el planteamiento de la magistrada Janine Otálora Malassis. Es un asunto que deberá de volverse a revisar, para no exponer o poner en riesgo derechos de la sociedad. Esta vez los ciudadanos que interpusieron el recurso para la protección de los derechos políticos, no consiguieron que su documento fuera revisado a fondo. No se les vio como parte agraviada ni con el interés jurídico que señala la ley para interesados o involucrados. Así que, con ese criterio, los recursos ciudadanos fueron desestimados, en contraste con las apelaciones presentadas por partidos. El tribunal electoral atendió inconformidad de partidos e ignoró petición de ciudadanos, en un tema donde todos los mexicanos, a partir de los 18 años, juegan papel decisivo para el país, para resolver si se queda o se revoca el mandato del presidente en turno. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @zarateaz1 arturozarate.com
Por unanimidad la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que posponía el proceso de revocación de mandato. Los magistrados dejaron en claro que no es atribución del INE posponer la revocación con el argumento de que no cuentan con recursos suficientes para hacerlo. A fin de que se cumpla con lo que establece la Constitución para que se haga la revocación, los magistrados vincularon a la Secretaría de Hacienda. Es decir, una vez que el propio INE ajuste su presupuesto, deberá ver cuánto le falta y hacer la solicitud de recursos correspondiente a la Secretaría de Hacienda. Aun cuando la sesión de la sala superior del TEPJF se llevó a cabo a través de videoconferencia, no estuvieron los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante González.
