Cuenta regresiva de Fromow

Poder legislativo
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El tiempo para implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal vence en dos años, en junio de 2016, tal como lo dispuso el constituyente, el poder legislativo. Así está en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 18 de junio de 2008. Se dio un plazo de ocho años para contar con un sistema acusatorio y oral, dejar atrás el inquisitorial. Una iniciativa que nació con el objetivo de vencer prácticas de corrupción e inequidad.

Hasta ahora, de acuerdo con información oficial, sólo tres de las 32 entidades están operando al 100 % el nuevo sistema. Han cumplido estado de México, Chihuahua y Morelos.

La situación preocupa y explica el salto en el presupuesto, de 2013 a 2014 se duplicó el subsidio destinado a las entidades para ese propósito. El presupuesto pasó, en números redondos, de 458 millones de pesos a 917 millones, bolsa para distribuir entre los estados y el Distrito Federal.

Además el Congreso de la Unión dispuso para este año un gasto de 5 mil millones de pesos, para infraestructura.

Es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Sus representantes participan en lo que se denomina Consejo de Coordinación para la Implementación  del Sistema de Justicia Penal. Lo preside Miguel Ángel Osorio Chong, como secretario de Gobernación.

Sin embargo, para operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones de ese consejo se creó una Secretaría Técnica, con el nivel de subsecretaría, a cargo, desde que empezó la actual administración, de María de los Ángeles Fromow Rangel.

La SETEC, así se le conoce y de esa manera se puede localizar su portal en Internet, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía administrativa, que también tiene la misión de “coadyuvar y brindar apoyo” a las autoridades locales y federales, cuando se lo requieran, en la implementación del nuevo sistema.

El proceso va con retraso. El libro blanco de la SETEC, que da cuenta de lo que se hizo de 2009 a 2012, la segunda mitad del gobierno calderonista, ya informaba de que eran Chihuahua y Estado de México las entidades cumplidoras, el 100 % de la meta fijada.

A dos años de concluir el plazo, sólo una entidad más se ha agregado, en un tema que para el actual gobierno tiene la mayor importancia, por lo que implica para la procuración e impartición de justicia.

No es casual que haya sido el mexiquense y presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, en su etapa como diputado, impulsor de la trascendente iniciativa. Tampoco es casual que el estado de México haya sido una de las primeras entidades en implementar los juicios orales.

En diciembre pasado, en reunión de Consejo (http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/impreso/ordena-sg-acelerar-el-nuevo-sistema-penal-211508.html) la instrucción fue acelerar el proceso, la capacitación de jueces, magistrados, agentes del ministerio público, defensores, mediadores, conciliadores, policías, peritos y personal penitenciario. Quizás por eso el anuncio el rojo en el portal http://www.setec.gob.mx para encontrar capacitadores. La convocatoria para aspirar a docente certificado. La abrieron el pasado 15 de abril y vence el próximo15 de mayo. Hay urgencia de maestros para impartir cursos de capacitación.

El mandato del constituyente es obligatorio, por lo que no se entiende que la titular de la SETEC, en la entrevista (Foro Jurídico, 17 de abril de 2013)) que aparece en el portal de la secretaría técnica declare que “confía en que la voluntad política y los esfuerzos de las autoridades estatales permitirán cumplir” con lo dispuesto por el legislativo.

Las acciones contra la injusticia no se deben dejar a la confianza cuando la demanda de la sociedad es que se lleven a cabo y es el mandato constitucional.

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Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.