¿Nueva Constitución?

Poder legislativo
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Uno de los promotores de que México tenga una nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido Porfirio Muñoz Ledo, político sin igual, único que ha dirigido nacionalmente dos partidos, secretario de estado, diplomático, diputado, senador. El nivel que le ha faltado ocupar ha sido el presidencial, pero de éste hace varios sexenios que se despidió.

Tampoco verá cristalizado su proyecto de contar con una nueva ley suprema. Lo conozco, ha sido muy habilidoso en la política y en el servicio público. Influyente. Inteligente. Recuerdo que en su etapa senatorial, su capacidad como tribuno llegó a poner en jaque en varias ocasiones a la mayoría de los legisladores. Perdía en la votación porque sus razones no bastaban ante la desventaja numérica. Estamos a tres años de que se cumpla el centenario de la Constitución y no hay indicios de que surja otro constituyente como el de 1917.

Se esfumó la idea de una nueva Constitución. Quedó rebasada por las reformas emprendidas por el actual gobierno y los partidos, en telecomunicaciones, energía, petróleo, gas, electricidad, educación, electoral, hacendaria, competencia económica y financiera. Además, de prosperar los temas  propuestos para consulta, siempre y cuando autorice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo se renovarían o ajustarían definiciones que hay sobre energía, salarios mínimos y legisladores plurinominales.

Definitivo, para celebrar los cien años de la Constitución, no habrá una nueva ley de esa altura, sino un documento actualizado, revisado, depurado y ordenado. Por ejemplo, es lo que requiere el artículo 41. Los legisladores lo convirtieron en una especie de ley secundaria. Se pasó del enunciado a los pormenores.

Lo más importante es que se cumpla, por todos, porque hasta ahora en la Constitución abundan más las buenas intenciones, sobre todo cuando se trata de beneficios que deben darle calidad de vida a la sociedad.

El artículo cuarto dice que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. A la protección de la salud. A un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente. A disfrutar de una vivienda digna y decorosa. A la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado. A la cultura física y práctica del deporte. Suena muy bien.

¿Se cumple o no la Constitución?

Muchos ni la conocen.

Jurídicamente, como dice el jurista Francisco Burgoa, tenemos la misma Constitución que se creó hace casi 100 años con 136 artículos. Sin embargo, estamos ante dos textos distintos, porque la de 1917 nació con 22 mil 500 palabras y ahora tiene más de 62 mil.

Por eso, porque es diferente en su contenido y no ha dejado de actualizarse, no se ve venir una nueva, a lo más que se llegará será a corregir incongruencias y anacronismos.

Ojalá que para celebrar su centenario, en vez de construirle una estela de luz en su honor, como sucedió con el bicentenario de la Independencia y los cien años de la Revolución, se encuentre la forma de que la población la conozca y la tenga como libro de cabecera.

Lo fundamental, que se respete. Seguro que Porfirio Muñoz Ledo se dará por bien servido con ver que la Constitución es cumplida por gobernantes y gobernados, sin excepciones.

Su proyecto de una nueva Constitución que ha promovido por pasillos legislativos, académicos y partidistas, ya recibió el tiro de gracia.

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Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.