¿Polyforum sigue en riesgo?

Poder legislativo
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El Polyforum Siqueiros todavía no está a salvo y esa es la razón por la que el Senado de la República ha solicitado al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) realizar las gestiones que conduzcan a que sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Con el reconocimiento del organismo internacional, nada ni nadie podrá tocar la magna obra del maestro David Alfaro Siqueiros, enclavada en la colonia Nápoles de la ciudad de México.

Hasta ahora se ha hecho mucho ruido pero todavía no existe una medida concreta para impedir que los dueños del Word Trade Center resuelvan cambiar de lugar el Polyforum.

El decreto federal del 18 de julio de 1980, firmado por José López Portillo, que declaró monumento artístico toda la obra de Siqueiros, tiene una rendija por donde se pueden colar los patrones para convertir en realidad su sueño de construir un edificio de 48 niveles en dicho lugar.

De acuerdo con el artículo tercero del decreto, con un simple aviso al INBA, los dueños pueden llevar a otro lugar el monumento. Es ahí donde está el riesgo. Eso explica la acción promovida por las senadoras María Beristain Navarrete y Marcela Guerra Castillo.

Las legisladoras quieren que de verdad se vuelva intocable el Polyforum, por dentro y por fuera. En su interior está el mural más grande del mundo La Marcha de la Humanidad y en el exterior las gigantescas placas que le dan forma y embellecen con arte al Polyforum, también creación del maestro Siqueiros.

Sociedad y medios de comunicación se encargaron de descubrir las ocultas intenciones de los patronos. Construir un edificio de 48 pisos para departamentos, hotel, oficinas y comercios. Estaba en proceso una solicitud de estudio de impacto ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente.

La obra de Siqueiros está descuidada. Los propietarios se han olvidado del mantenimiento y la restauración. Que conste que el artículo sexto de la Ley Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los obliga a realizar esas tareas.

Además, la misma norma en su artículo 11 les otorga la exención de impuestos prediales de cumplir con la preservación de esa obra majestuosa. Podría ser que estuvieran disfrutando de esa exención y no hacer nada por conservarla, porque se han quejado de que no tienen dinero y de ahí su empeño por comercializar la zona, sin importar el daño a la cultura y el arte.

Sin embargo, harían bien en leer el artículo 52 de la citada ley. Por si no se han enterado, dice: “al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrán prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado”.

La comercialización implica mucho dinero, millones de dólares. Es lo que tienen los inversionistas y el capital a veces consigue tentar a los políticos. Ojalá que no vaya a seducir a los funcionarios del Instituto Nacional de Bellas Artes y se crucen de brazos ante la petición senatorial.

El pronunciamiento del Senado es apenas del 17 de septiembre pasado. Ha sido acierto de las legisladoras Beristain y Guerra advertir a sus compañeros que prevalece la amenaza contra el Polyforum.

La pelota está ahora en la cancha del INBA. No hay que perder de vista que el decreto de López Portillo que declaró monumento artístico al Polyforum es de 1980. Han pasado más de 30 años y nadie se había tomado la molestia de gestionar que la UNESCO lo clasifique como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esperemos que esta vez se atienda el clamor popular, se proteja el arte y parte de la identidad e historia de México.

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Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.