La infamia contra un periodista

Poder legislativo
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Esta vez, por la gravedad de la infamia, en un carta dirigida al ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relataré un episodio que no se le desea a nadie y que exhibe cómo he sido víctima de una patraña.

La carta dirigida al ministro presidente es la siguiente:

 

 

                                    México, D.F. a 9 de marzo de 2015

 

 

Ministro Luis María Aguilar Morales

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Presente.

 

Soy periodista con más de 20 años de ejercer la profesión.

Le escribo esto desde las entrañas, con el dolor y coraje que despierta una injusticia que no termina, que sigue y sigue, que viene desde el 2011, cuando me desempeñaba como coordinador de comunicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Una mentira ha llevado a una descomunal infamia que no tiene precedente, con daños inestimables en lo moral, física y patrimonial.

Ante una acusación infundada, nunca se me concedió el derecho constitucional de audiencia, cuando se me detuvo fui “paseado” todo el día en la ciudad de México, víctima del uso de la fuerza por los captores, depositado por la noche en un penal de máxima seguridad como si fuera el peor criminal, torturado por custodios por haber trabajado en la defensa de los derechos humanos, un juez que no cumplió con el término constitucional de las 72 horas y un proceso que rebasó el tiempo previsto por la ley para su desahogo. Todo documentado en un expediente.

A lo largo de mi vida, quienes me conocen, saben que he sido gente de trabajo, respetable, de honor, con familia, con esposa e hijos. Respetuoso de las leyes y las instituciones, decidí que ante el infundio, me defendería en el espacio establecido para ello, para acreditar mi inocencia.

Así lo hice, con  testigos, una docena de hombres y mujeres que acudieron a decir lo que les consta, a los que siempre les estaré agradecido; fotografías, videos, peritajes, careos procesales, demostración de graves contradicciones de la parte acusadora. Más de 45 pruebas.

¿Y qué pasó?

Una sentencia basada sólo en los dichos de la parte acusadora. ¡Cuánta falta hacen los juicios orales!  En un proceso abierto y con testigos, obligado el juez a estar presente, jamás hubiera podido resolver sin tomar en cuenta lo expuesto y presentado en el proceso.

¿Qué sucedería si ese mismo juez sufriera una situación desastrosa como la mía, que fuera acusado de supuestos delitos de realización oculta y que otro juez lo condenara basado solo en los dichos de la parte acusadora? Que lo condenaran a pesar de que durante dos años presentó una docena de testigos, hombres y mujeres, que defienden su conducta intachable, graves contradicciones de las supuestas víctimas, fotografías, videos, peritajes. Eso es lo que ha hecho el juez conmigo. Acredité mi inocencia y resolvió como si no hubiera presentado ninguna prueba. Es por eso que digo que en un juicio oral no hubiera resuelto de esa forma.

Por supuesto que he apelado la sentencia del juez Eduardo Torres Carrillo (titular del juzgado Primero de Distrito de Proceso Penales Federales del DF) e iré hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que usted preside y de requerirse a las mismas instancias internacionales, que sepan como una mentira puede cuadrarse para lastimar y dañar a una persona, a una familia.

Lamento que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la etapa de Raúl Plascencia Villanueva haya sido omisa y negligente, que haya dejado correr el infundio en mi contra, atribuido al mismo organismo, sin  atajarlo y hacer la aclaración correspondiente, por ese afán de proteger sus aspiraciones de reelección. Mi carta dirigida a Plascencia para hacerle ver esta situación, la dejó sin respuesta.

La CNDH nunca me encontró culpable de lo que me han imputado.

También lamento que quien fuera primer visitador de la citada comisión, Luis García López Guerrero, no aclarara con oportunidad que nunca confesé haber cometido los supuestos delitos.

Extrañamente el señor López Guerrero no fue citado por el órgano interno de la comisión, a pesar de que se convirtió en el dicho más repetido de la parte acusadora. Llegó al extremo de solicitar un amparo para no acudir al citatorio del juzgado cuando se suponía que era un defensor de los derechos humanos, pero finalmente fue y quedó asentado en el expediente que jamás me auto culpé o confesé los supuestos delitos penales.

He sido periodista crítico y defensor de los derechos humanos. En diversas ocasiones escuché la advertencia de que me la “cobrarían” por haber tenido un desempeño que afectó intereses.

Ministro Aguilar Morales:

Subrayo mi absoluto  respeto a su investidura y la confianza de que al final, la verdad y la justicia  prevalecerán.

En su calidad de presidente de la Judicatura, ruego a usted sea revisado el expediente 103/2012 y su sentencia, así como la actuación del juzgador, que en la Recomendación 27/2013 de la CNDH es señalado por el incumplimiento constitucional de las 72 horas para resolver la situación jurídica del inculpado y de lo que se dio vista a la misma Judicatura por la comisión.

Creo en usted ministro, en su trayectoria, en su calidad de jurista y en su compromiso con la justicia.

Confío en la institución.

Con absoluto respeto,

Arturo Zárate Vite

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Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.