Oceanografía y los silencios del poder

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La historia de Oceanografía, empresa que presta servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex), se ha caracterizado por los silencios del poder y su bonanza en gobiernos panistas.

Supo hacer frente al oleaje de investigaciones y las instancias oficiales no pasaron de advertir que se contaba con elementos para presumir que había incurrido en diversas irregularidades.

Hasta ahí. Ya nadie más hizo ruido, salvo los trabajos periodísticos de Ana Lilia Pérez quien indagó la versión del presunto tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún.

Silencios del poder azul para taponear una fuga de corrupción y que ahora parece salpicar a mucha gente, justo cuando está pendiente legislar leyes secundarias en materia energética.

Por salud política, primero van a limpiar ese caño antes de que llegue el momento de ponerse a trabajar sobre el tema en las cámaras de diputados y senadores; aunque el episodio puede servir de ejemplo de que la lucha contra la corrupción va en serio, donde se encuentre.

Desde 2005 se le empezó a investigar y para ello se creó una comisión especial en la Cámara de Diputados.

El resultado fue que “sí existen elementos valorados objetivamente en su dimensión jurídica que pudieran ser constitutivos de diversas faltas administrativas y probables delitos que no pueden quedar exentos de ser sujetos de la aplicación de la ley en caso de que tal apreciación se confirme por los órganos jurisdiccionales competentes”.

A  pesar de lo observado, el caso se desinfló mediáticamente, nadie se esmeró en que se llegara al fondo de Oceanografía; prevalecieron silencios de opositores y por supuesto de gobiernistas.

Después, en 2006, Amado Yáñez, propietario de dicha empresa contratista, adquirió 40 relojes de 40  mil dólares cada uno, para obsequiar a servidores públicos (ver nota diario Reforma 5 de marzo de 2014).

En octubre de 2007 hubo un “accidente” en la Sonda de Campeche en el que  se vio involucrada Oceanografía, la misma que ahora supura corrupción por todos lados.

Una embarcación de dicha empresa se hundió con 176 personas a bordo, 168 de ellos trabajadores que eran trasladados a plataformas petroleras. El problema empezó con un incendio.

Las balsas “salvavidas” no funcionaron; gracias a que varias naves acudieron en auxilio, se rescató a la mayoría; murió uno.

Como siempre las autoridades ofrecieron investigar a fondo para deslindar responsabilidades.

Trascendió que presuntamente los hijos de Marta Sahagún estaban relacionados con dicha empresa.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien era senador en 2007, planteó la necesidad de investigar la “calidad” o defectos de las balsas salvavidas, como se publicó el viernes 26 de octubre de ese año en El Universal:

www.eluniversal.com.mx/nacion/155365.html

Vicente Fox, tal como lo hace ahora que el escándalo crece, salió a declarar que los hermanos Bribiesca, hijos de Marta, eran ajenos a la empresa contratista.

Oceanografía está enredada en un problema mayor y por lo que se observa, esta vez hay una investigación y pruebas que la exhiben con ilícitos diversos.

Suma la acusación por lavado de dinero y fraude a Citigroup (Banamex) por 585 millones de dólares.

También tiene en contra las falsas declaraciones al Instituto Mexicano del Seguro Social sobre lo que pagaba a sus trabajadores y el retraso en las cuotas que corresponden al Infonavit.

La lista de irregularidades crece.

Se acabó la suerte de Amado Yáñez y los silencios del poder que le acompañaron para agigantar su patrimonio, dejaron de gobernar en el 2012.

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Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.