¿8 millones de firmas a la basura?

INE
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En números redondos, ocho millones de firmas quedarán sin revisar por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La norma exigía el tres por ciento del listado nominal, o sea, dos millones 758 mil 227 firmas de ciudadanos y ciudadanas, para admitir la realización del ejercicio de Revocación de Mandato.
Se recabaron más de 11 millones, más del doble de lo que solicitaba la ley para estos casos.
Para el INE, por razones presupuestales, fue suficiente con revisar tres millones, para asegurarse de que fueran auténticas, que no tuvieran ningún tipo de irregularidad.
Ya no hubo dinero para seguir y terminar la revisión.
¿Y qué se hará con los ocho millones de firmas que no se revisaron? ¿Se van a tirar a la basura? ¿Se mantendrán guardadas hasta que el tiempo se encargue de borrar la tinta de las firmas estampadas en formatos físicos o se deshaga el papel utilizado?
Pareciera que ya a nadie le va a importar lo que se haga con esas firmas, porque lo fundamental era avalar llevar a cabo el proceso de Revocación y está cumplido con tres millones.
Los ciudadanos y ciudadanas deberán de estar satisfechos de que se haya alcanzado el primer objetivo, la recolección de firmas en formato impreso y aplicación digital para autorizar la organización del mecanismo establecido como derecho ciudadano.
Todo indica que nadie de los ocho millones de firmantes va a protestar porque no se haya verificado la autenticidad de su petición cuando lo principal ha quedado resuelto.
Esta vez, el que no se haya terminado el trabajo de revisión de firmas, no tiene consecuencias mayores.
Sin embargo, no deja de ser un llamado de atención lo que significa para el organismo electoral no contar con recursos suficientes en cada una de sus actividades.
Deberá ser doblemente cuidadoso para que no se afecte ninguna tarea sustancial del instituto, derivado de los ajustes obligados al no contar con ministraciones
extraordinarias de las autoridades hacendarias y mucho menos una partida específica aprobada por los diputados para la realización del ejercicio Revocación de Mandato.

 

Por lo pronto, los ocho millones de firmas que no se revisaron, así se van a quedar, sin revisar, embodegas en alguno de los inmuebles con que cuenta el instituto electoral.
Ya se verá más adelante si se revisan para confirmar que son auténticas, descubrir irregularidades o con fines estadísticos y académicos que ayuden a perfeccionar el procedimiento.
Lo de las firmas es lo de menos, lo delicado es que por las mismas limitaciones presupuestales se instalen menos casillas ( 57 mil de las 161 mil previstas) para recabar el voto de ciudadanos y ciudadanas en materia de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril. En esas condiciones será más difícil que se logre el 40 % de participación del listado nominal para que el proceso sea vinculante.
Y si el proceso no es vinculante, ni en este ni en ningún otro caso, existiría la posibilidad de hacer efectivo el derecho de la sociedad a quitarle el cargo a un mal gobernante.
La luz roja se ha encendido, las partes involucradas deberían de reflexionar sobre lo esencial que es ponerse de acuerdo en materia de gasto electoral, no vaya a ser que por sus diferencias se ponga en riesgo la organización de la competencia presidencial en 2024.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.