Informalidad controlada

Poder legislativo
Typography

Contrario a lo que se ha venido diciendo, la economía informal sí está controlada y paga su cuota. Es obvio que no lo hace a la Secretaría de Hacienda pero también es un hecho que alguien le cobra por derecho de piso.

Resulta fácil acusar a los informales de que no cumplen con las obligaciones fiscales y cargarles parte de la culpa de que la autoridad hacendaria exija más a los causantes cautivos y deje en paz a quienes nunca se han preocupado por inscribirse en el registro impositivo.

De acuerdo con un estudio de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (ver: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_184.html) en el 2012 había 28 millones de personas en la informalidad. El número sigue creciendo por los que se quedan sin empleo o salen de las escuelas y no logran ocuparse de inmediato.

Pareciera que es muy sencillo incorporarse a la economía informal. Decidirlo hoy y mañana mismo instalarse en un mercado de los llamados “sobre-ruedas” o en cualquier sitio de la vía pública. Se abastece uno de naranjas, manzanas, protectores de teléfonos celulares, ropa u otro producto y a vender al menudeo. También se puede sacar una mesa e instalarse en la puerta de la casa o edificio. Otra opción es escoger una calle, comprarse una franela o utilizar cualquier trapo, afinar la garganta y entonar el “viene..viene” para reservarle lugar al automovilista que busca estacionamiento y ofrecerle hasta servicio de lavado.

Intente hacer esto por su cuenta y pronto va a descubrir que los espacios ya tienen dueño, que se alquilan, se paga una cuota o el llamado derecho de piso. Nada es gratis.

Todos los que están y no están en la informalidad, lo saben. Hay que pagar una tarifa por laborar en la calle. Lo mismo sucede en la ciudad de México que en cualquier estado de la República. El monto depende del lugar y el tamaño del sitio que se quiera utilizar.

Por eso la afirmación inicial de que la informalidad sí paga por trabajar en la vía pública. La informalidad está controlada. En el supuesto de que todos pagaran al mes un peso por derecho de piso, la colecta total sería de 28 millones de pesos. Por supuesto que en la realidad la cantidad es muy superior porque ni por vender chicles se paga un peso.

¿Dónde o quién se queda con el dinero?

Los que se enriquecen no son los que trabajan en la informalidad sino quienes la controlan. Y no únicamente se les cobra una cantidad en efectivo, también se les manipula como cuota partidista. Es una práctica de partidos políticos. Cuando llega la temporada de elecciones, dependiendo del color de la camiseta de la autoridad, los ”convencen” de votar por una organización determinada.

Por lo tanto, ser informal tiene un precio y hay que pagarlo.

Quienes tendrían que rendirle cuentas al fisco son los controladores o líderes de la informalidad.

Hasta ahora y desde hace muchos años no se ha encontrado la forma de hacer que ese sector de la población pague impuestos. Las autoridades deberían enfocar la mirada hacia otro punto, donde están los que tienen el control, en una primera instancia. Después elevar la mira, porque seguro que los controladores son apenas un eslabón de la cadena.

Ahí puede estar la solución para regular la informalidad, si es que de verdad se quiere regularla.

La culpa de que los informales no paguen impuestos, no es toda de ellos. Además, están en la informalidad porque el Estado no les ha dejado otra opción.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.