Osorio y Videgaray

Poder legislativo
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Lo más sencillo y fácil es acusar a los titulares de las instituciones de violar derechos humanos.

Es cierto que hay fallas, equivocaciones y actuaciones indebidas con graves y hasta fatales consecuencias, pero resulta desmesurado generalizar.

Como en otras ocasiones, con pruebas en mano, te platicaré de un episodio que involucra a las secretarías de Gobernación y de Hacienda, lo que de ninguna manera significa que Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso sean los responsables.

Sería indebido señalarlos cuando su preocupación, su discurso, su convicción es que se cumplan los derechos humanos. Es imposible que vigilen a cada uno de sus colaboradores o empleados de su dependencia.

Lo mismo se puede decir de los secretarios de la Defensa Nacional o de Marina o del propio presidente de la República. Lo que ellos quieren es que se respeten los derechos humanos.

Bien ha dicho el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda que los militares no decidieron por su cuenta salir a la calle. Hay que recordar que en el sexenio anterior Felipe Calderón, como jefe de las fuerzas armadas, ordenó una “guerra” que todavía no acaba.

Hay consenso en que era obligado reforzar la lucha contra la delincuencia, solo que  más inteligencia, no con fuerza. Lo peor es que cuando Calderón tomó esa decisión, se carecía de una coordinada estrategia. No se pacificó ni el estado natal del ahora ex mandatario.

Si en el caso que te cuento no es correcto acusar a Osorio y Videgaray, una vez enterados, tampoco pueden ser omisos, porque la bola de nieve que rueda, no deja de crecer.

Por lo que toca a la Segob, resulta que desde hace casi dos años existe una demanda de indemnización en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La dirección jurídica de la Comisión Nacional de Seguridad, que depende de dicha secretaría, se opone al pago, a pesar de que la Ley General de Víctimas establece que aplica la ley que más favorezca a la víctima. La tortura está comprobada y la autoridad responsable está confesa. El expediente tiene el número 8990/15-17-02-1. Po su importancia, el asunto fue turnado al pleno de magistrados del citado tribunal federal.

¿Te imaginas si el día de mañana los organismos internacionales defensores de los derechos humanos conocen a detalle este asunto? Es obvio que no van a culpar al funcionario medio por oponerse a pagar una indemnización por tortura.

En el caso de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria, a cargo de Aristóteles Núñez, ordenó el pago de una multa y, embargo, de no hacerse la liquidación correspondiente. La multa se pagó. El error es que la fundó en una sentencia que no existe.

Lo que llaman número de crédito es H-1650943 y el número de documento determinante: OF.259-II-CP-103/2012-II.

Por supuesto, reitero, ni Osorio ni Videgaray son responsables, tampoco Aristóteles, nada más que ellos son los que al final tienen que dar la cara cuando falla alguno de sus colaboradores.

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Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.