Cero Pesos para Consejeros Legislativos en el INE

Poder legislativo
Typography

Seguramente a los diputados y senadores les pasó de largo el artículo 36 del Plan B que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque de lo contrario más de uno hubiera expresado inconformidad porque los deja fuera del presupuesto del INE.
De acuerdo con la redacción del precepto, ya no recibirán ningún beneficio del Instituto Nacional Electoral.
En la actualidad, los consejeros legislativos, uno por cada partido representado en el Congreso de la Unión (siete), cuentan con oficina en el propio Instituto Nacional Electoral y hasta se les facilita equipo de cómputo para que puedan realizar sus actividades.
Los consejeros legislativos, como lo establece la norma, solo tienen derecho a voz, no a voto en las sesiones del Consejo General del INE.
Por la rapidez con que se procesó el Plan B en la Cámara de Diputados, sobre todo, los diputados no se percataron de la letra chiquita que los dejaba sin ningún privilegio en el organismo electoral.
El Plan B, como es sabido, todavía no entra en vigor, porque quedó pendiente que el Senado apruebe el ajuste que le hicieron los diputados, que quitó la llamada “cláusula de la vida eterna” que favorecía a los partidos pequeños con la transferencia de votos por parte de los grandes.
De no ocurrir nada extraordinario, la reforma terminará de ser aprobada en febrero, en el nuevo periodo ordinario de sesiones del poder legislativo, y una vez que la promulgue el Ejecutivo.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.