El maestro muralista Ariosto Otero suma más de tres décadas con un sueño que no ha podido realizar. Cuando supuso que estaba más cerca de concretar su proyecto, se atravesó la pandemia. Ariosto quiere museo y escuela muralista en México, enfocada a las nuevas generaciones, para que aprendan la historia de este arte y encuentren espacio para desarrollarlo. La pandemia que ha llevado al mundo a la crisis económica, frenó los planes del maestro, aunque su ánimo sigue siendo el mismo, no pierde la esperanza de hacer realidad su sueño. Ama su trabajo, no ha dejado de subirse a los andamios para plasmar en muros su inspiración social y política. Su muralismo no está desligado de lo que sucede en su entorno. Crítico permanente de la injusticia y corrupción, defensor de los oprimidos, de los que menos tienen. A pesar del Covid-19 que no se ve y amenaza contagiar hasta los más poderosos, no ha parado su obra. Los años más difíciles de la pandemia, 2020-2021, los dedicó a trabajar en un magno mural en muros de la Secretaría de Gobernación, 380 metros cuadrados de arte, con plena libertad temática, para representar las diferentes plagas que han contaminado y dañado a nuestro país. Mural por el que no recibió ni un solo centavo. Por su larga, respetada y reconocida trayectoria como artista, a nivel nacional e internacional, el próximo viernes (11 de febrero) la fotografía de uno de sus murales estará en billetes de lotería.
Hay juzgadores que se preguntan ¿por qué la imputación de que el poder judicial está podrido? Seguro que quienes se hacen la pregunta se significan por su imparcialidad y honestidad, imparten justicia y no responden a consignas. Por eso en cierta medida están sorprendidos del proceso para renovar el sistema, mandatado por el voto popular. ¿Dónde está los juzgadores corruptos? es otra de sus preguntas que se hacen, porque no ven las pruebas de los que acusan. De entrada, hay que decir que el pueblo no hubiera tomado esa decisión en las pasadas elecciones si hubiera advertido una situación diferente, una real impartición de justicia. No es gratuito que se diga que hay inocentes encerrados y que muchos otros que debieran estar tras las rejas, están libres. Hay desconfianza en el poder judicial. Es lo que explica que quienes tienen recursos, políticos o empresarios, prefieran irse del país a meterse en el terreno judicial para tratar de aclarar alguna acusación. Saben que no hay garantías de un proceso imparcial y temen que sean encerrados a la mala, con pruebas o sin pruebas, para satisfacer venganzas o el cobro de cuentas pendientes. Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que las acusaciones fueran ciertas, tampoco estaría garantizado un juicio justo. Por eso Marcelo Ebrard, quien ahora despacha como secretario de Economía, cuando se enteró que en el gobierno de Enrique Peña Nieto lo querían encarcelar porque lo creían responsable de la filtración periodística sobre la “Casa Blanca” de quien entonces era la esposa del presidente, se fue con toda su familia al extranjero, a Francia. Es historia que relata el propio Marcelo en su más reciente libro “El Camino de México”. En contraste, Rosario Robles acusada de lo que llamaron “La Estafa Maestra”, convencida de su inocencia, dio la cara, se presentó ante la autoridad judicial y fue encarcelada. La extitular de la Sedatu y Sedesol estuvo tres años presa. Ricardo Anaya, ahora senador, ex candidato presidencial, también optó por irse de México cuando percibió que pretendían detenerlo por el caso de “Los Moches”, las comisiones indebidas que presuntamente recibieron legisladores. Regresó al país hasta que tuvo la certeza de que no peligraba su libertad y de que alcanzaría fuero como senador. Incluso, en entrevista, cuestionado sobre su “huida” y porqué no se quedó a enfrentar la justicia, su respuesta inmediata fue: “no soy ingenuo”. Tomás Zerón (acusado de tortura en el caso de los normalistas de Ayotzinapa) y Andrés Roemer (acusado de acoso y abuso sexual) están en Israel para evadir la extradición. De haberse quedado en México, tampoco nadie del poder judicial podría haberles garantizado un juicio justo. El empresario Miguel Alemán Magnani, quien tiene doble nacionalidad mexicano-francesa, reside en París desde donde trata de aclarar que no hay nada irregular en el manejo de la empresa Interjet. Todos estos son ejemplos de la desconfianza en la impartición de justicia en México. Los que pueden, los que tienen dinero, mejor se van a otro país y desde el extranjero defenderse o esperar a que cambien las condiciones como sucedió con el caso de Ricardo Anaya. La desgracia es para los que no tienen recursos, no les queda otra que enfrentar al poder judicial. Sufrir las consecuencias, sin pretender generalizar, por cuestionables y parciales resoluciones de malos juzgadores. ¿Y dónde están los juzgadores corruptos? El poder judicial cuenta con el Consejo de la Judicatura para vigilar el desempeño de los juzgadores. Evidentemente no ha cumplido. A este órgano no lo distingue su acción contra quienes se apartan de la ética y la ley. Con la reforma judicial habrá un tribunal disciplinario para llamar a cuentas y sancionar a los corruptos. Por ahora, lo que hay es desconfianza en el poder judicial.
Todos los ministros y ministras tienen fecha de vencimiento, mucho antes de lo que habían imaginado. Concluirán su encargo en agosto de 2025, como señala la reforma constitucional recién aprobada. En el caso de la ministra presidenta Norma Piña será su primera y última navidad como cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Llegó al cargo muy animada y con la frase de que había roto el techo de cristal por ser mujer en ese nivel del poder judicial. Sin embargo, no pudo o no supo estar a la altura, su actuación se significó sobre todo por sus diferencias con el Ejecutivo. No solo rompió el techo de cristal, también tazas y platos de la política, acabó con la vajilla. De cualquier manera, ella y la mayoría de los que integran la Corte disfrutarían la navidad como lo han hecho en otros años. Por su capacidad adquisitiva podrían comprar los manjares y vinos que deseen. Brindar con champán Don Perignon 1959 de 42 mil pesos o con vino tinto Petrus 1994 de 133 mil pesos la botella de litro. Comprar para la cena familiar un kilo de caviar blanco que ronda los 25 mil dólares o un kilo de langosta que va de los 500 a 800 pesos. Si prefieren la carne de vacuno podrían considerar adquirir el filete de Kobe japonés que puede llegar a costar hasta 500 dólares el kilo. Para el postre tendrían como opciones el Golden Opulence Sundae y el Brownie Extraordinaire with Saint Louis, de ml dólares cada uno. No sabemos si ese vaya a ser su menú para la cena navideña o la cena de fin de año. Sus ingresos les alcanza para eso y más. Tener una percepción o sueldo por arriba de lo que recibe el presidente de un país, representa la posibilidad de vivir en la opulencia. Es muy probable que los ministros y ministras digan que lo merecen. Por muchos años, quienes ha llegado a la Suprema Corte, se han comportado como seres puros, perfectos. Nunca, ninguno de ellos o ellas se ha caracterizado por la autocrítica; tampoco la mayoría de los que ya se van el siguiente año. Admitir que se equivocaron en algunos casos o que actuaron por consigna, imposible. Eso sí, no se van con las manos vacías, sino con una jugosa pensión, para seguir viviendo con todos los lujos a los que seguramente están acostumbrados. Todavía les quedan varios meses en el cargo, que podrían aprovechar para la reflexión y rectificación. Dejan muchas deudas en la impartición de justicia. Lo peor es que tarde se dieron cuenta del deterioro del poder judicial. Siempre creyeron que eran infalibles, por eso se despreocuparon cuando se empezó a decir que se realizaría una reforma judicial. Nunca imaginaron que la gente o las mayorías iban a votar para depurar el podrido sistema, benevolente con poderosos, riguroso con los que menos tienen e indiferente y cruel con las víctimas. Un caso de injusticia de los muchos que seguramente existen, no logró la atención requerida. Quienes integran la primera sala de la Corte, en vías de extinguirse, rechazaron el recurso de revisión 243/2023 sin saber que el afectado es víctima de un proceso que está viciado de principio a fin. Siendo de profesión periodista y acusado de un delito no grave, fue internado y torturado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde están los delincuentes más peligrosos. Grotesco lo que ha padecido. A pesar de haber logrado dos resoluciones de inocencia y declararse irrevocables por el propio poder judicial, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX torció la ley para revertir el proceso y condenarlo. ¿Podrán los juzgadores brindar felices, sin remordimiento alguno, cuando su actuar llevaría a un inocente más al confinamiento? Rectificar es de sabios. ¡Feliz navidad ministros y ministras!
La puerta natural para el diálogo con grupos políticos no puede ser otra que la Secretaría de Gobernación. Así ha sido por muchos años, aunque no siempre con los resultados que esperan quienes acuden a esa ventanilla. Por ley corresponde a dicha secretaría la política interior, alentar la comunicación y promover la convivencia armónica en la sociedad. Eso lo tiene claro su titular Rosa Icela Rodríguez. Recién asumido su cargo, entrevistada en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, interrogada sobre actos de violencia en el país y la estrategia para hacerle frente, aclaró de inmediato que esa tarea ya estaba en manos de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Desde el primero de octubre lo suyo es la política interior y el jueves pasado, precisamente el día en que millones de mexicanos celebran la aparición de la virgen María en el cerro del Tepeyac, dio un paso significativo al reunirse con los coordinadores parlamentarios en el Senado e integrantes de la Comisión de Gobernación. Cierto que esta vez el motivo fue intercambiar información ante la próxima toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos Donald Trump, los anuncios que ha hecho y emprenderá desde el primer día de su gobierno respecto a la relación con México. No pinta nada optimista el escenario en materia de migración, comercio y combate al narcotráfico. El vecino tiene la intención de tomar medidas de manera unilateral y sin previa negociación y acuerdo. Al menos es lo que parece por el ímpetu que trae desde que arrolló en las elecciones de su país. A México no le queda otra que prepararse para lo peor e insistir en el diálogo bilateral y respetuoso. Por eso fue un acierto que Rosa Icela haya aceptado la invitación para participar en reunión de trabajo con la Comisión de Gobernación del Senado, para intercambiar impresiones. Ya sabemos que la oposición está ansiosa de diálogo y sus nuevos dirigentes lo han subrayado. Solicitaron platicar con la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria hizo lo correcto al mandarlos a la ventanilla correspondiente. Más de uno podría decir que la oposición está obligada a formar un frente común ante lo que se avecina en la relación México-Estados Unidos. Enhorabuena que se reconozca que la unidad es indispensable cuando son amenazados los intereses de la nación. La reunión entre los senadores de los distintos partidos y Rosa Icela dejó satisfechas a todas las partes. Hubo respeto, entendimiento, comprensión y el compromiso de avanzar por ese camino. Sin duda, excelente señal, paso inicial que deberá de ser seguido por muchos otros para ponerse de acuerdo en las distintas materias, metas o problemas que tiene México. Rosa Icela convenció a sus interlocutores sin aspavientos ni arrogancias, con la sencillez y el lenguaje directo que le caracterizan. Un gesto de ese estilo de la secretaria lo relató Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, cuando estuvo dispuesta a que los senadores salieran de la reunión para que fueran a votar al salón plenario, porque ya eran convocados por el sonido que se escucha en todo el inmueble legislativo con ese propósito. “Aquí los espero”, les dijo la secretaria. Noroña se encargó de llevar a la sesión el voto de sus compañeros, para que no tuvieran que dejar sola a la invitada. La puerta al diálogo está abierta.
El propio diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, parafraseó la canción popular “La Bartola” del compositor Chava Flores. Le pareció oportuno hacerlo y aprovechó que la perspicaz periodista Margarita Nicolás la hubiera recordado al plantear su pregunta sobre el presupuesto que se destinará al INE para organizar la elección de juzgadores en 2025.
¡Oye Bartola! Hay te dejo estos dos pesos. Pagas la renta, El teléfono y la luz.
De lo que sobre, Coge de ahí para tu gasto, Guárdame el resto Para echarme mi alipús.
Monreal sonrió por el sentido de la canción, como anillo al dedo sobre la discusión del presupuesto y el ajuste que se le quiere hacer y se le hará al presupuesto del instituto electoral. Por supuesto que se va a cuidar la calidad de la elección de los juzgadores y no se pondrá en riesgo la democracia ni la legitimidad, ha dicho el diputado, convencido de la trascendencia que tiene para el futuro del país la renovación del poder judicial y la impartición de justicia. Le van a cortar al gasto donde técnicamente sea posible. Sería en el financiamiento a partidos y en lo estimado para la constitucional Consulta Popular, que no se hará el año próximo. Van a dar al INE lo necesario para que saque adelante y con éxito la elección de juzgadores. En total, los consejeros del instituto han pedido que la Cámara de Diputados les apruebe un presupuesto en números redondos de 40 mil millones de pesos para el siguiente año. De ese total, 13 mil 205 millones para la elección de juzgadores. Monreal ha considerado que las cifras son un exceso, de ahí que de por hecho el ajuste. ¿Cuánto le van a quitar al gasto del INE? Los 11 consejeros y consejeras del instituto electoral, en distintos foros, han demostrado que tienen pleno conocimiento de lo que se requiere y debe hacer para la elección. En sus conversaciones con Monreal, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del instituto, ha sido puntual al describir las necesidades del organismo. Lo mismo han hecho las consejeras Rita Bell y Norma Irene de la Cruz en sus reuniones con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Los consejeros y consejeras dominan el tema, su trabajo, como debe ser. Lo mismo hay que reconocerle a los demás empleados de la institución. Desde que se ciudadanizó el INE, la imparcialidad y transparencia lo distinguen. Cierto que la elección de juzgadores no sería igual a ninguno de los procesos federales y locales, aunque tampoco son del todo ajenos a lo que por primera vez se hará en 2025. Valga la analogía, es como si un jugador de softbol decidiera jugar beisbol, hay similitudes entre estos dos deportes, aunque la pelota no es del mismo tamaño ni los pícheres la lanzan igual. En la elección de juzgadores, por ley, no participan los partidos y en las boletas habrá más candidatos para ser jueces, magistrados o ministros, en contraste con las elecciones que hemos visto para diputados, senadores, gobernadores y presidente de la República. Por el número de participantes que aparecerán en las boletas para la elección de juzgadores, también tomará más tiempo a los ciudadanos y ciudadanas votar y contar los votos. Por lo pronto, las consejeras y consejeros del INE deben de estar tranquilas y tranquilos, porque los diputados y diputadas están conscientes que con “dos pesos” no les alcanza ni sobra para el “alipús”.
