Castigo por consigna política

Política
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Cuando trascendió una supuesta irregularidad en los bienes de quien en 2018 competía como candidato a la presidencia de la República, los medios en general replicaron la información. Se convirtió en escándalo mediático. Repercutió en la imagen y actividad del aspirante. Tuvo que ocuparse de la acusación y restarle tiempo a su campaña.
Fue una acción con la fuerza del aparato oficial que cumplió su objetivo al debilitar el proyecto político de Ricardo Anaya, quien ya no pudo remontar el ataque manipulado. Muy probablemente, de no haber sufrido esa embestida, tampoco habría ganado la elección, porque la ola de popularidad y aceptación que tenía Andrés Manuel López Obrador era gigantesca; sin embargo, la diferencia de votos entre uno y otro se hubiera acortado.
Es evidente que se actuó por consigna y seguro que no debe ser el único caso donde se procede de esa manera. A veces sucede desde instancias oficiales que deben procurar la justicia y en otras como resultado del poderoso dinero o la influencia de quien o quienes sienten que están por encima de la ley y creen que tienen juzgadores que están a su servicio.
Nunca más debe repetirse lo sucedido, en ningún caso. La autoridad judicial no puede ni debe actuar de esa manera. Daña instituciones, daña al país, no nada más a quien resulta afectado de manera directa.
En la elección del 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se atrevió a decir que desde el Ejecutivo, hubo tal intromisión que puso en riesgo el desarrollo del proceso. En el 2018, al calificar la elección presidencial, el TEPJF no hizo ningún señalamiento parecido. Impensable ante las cifras y arrolladora ventaja del triunfador.
Para desgracia de la democracia, imparcialidad e injusticia, no se actúa con eficacia en el momento que ocurre el atropello, el abuso de poder y la violación de los derechos humanos. Es un punto que se debe revisar y actuar con la celeridad que requiere el tema.
¿Qué no dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita?
Una vez subsanado el error, tarde, aunque se ofrezcan disculpas, el daño ya está hecho y es irreparable. Lo ocurrido en 2006, a pesar de la observación que consta en la resolución del tribunal, no evitó que en el 2018 volviera a utilizarse el aparato oficial para impactar en la competencia, en particular en las aspiraciones de uno de los candidatos.
Las autoridades electorales y legislativas tendrán que tomar medidas para que estos episodios no se repitan. Encontrar la forma de atarle las manos al aparato oficial o a quienes actúan por venganza, capricho, dinero o por consigna para satisfacer intereses personales. Las elecciones solo tienen que dirimirse con votos, sin intromisiones indebidas.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.