El relevo de la presidencia del INE

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Lorenzo Córdova Vianello no va a llegar como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) a las elecciones del 2024, por la sencilla razón de que su periodo de nueve años termina en abril de 2023, pero podría irse antes si la nueva reforma electoral, que ya está en la “cocina”, acuerda renovar por completo el Consejo General del organismo.
Incluso, los cuatro consejeros, que apenas van por su primer año, se irían, para evitar suspicacias y sospechas, para que no digan que hay preferencias o acciones dirigidas. Se tendrían que ir todos. Hasta ahora ninguno de ellos ha renunciado a ganar más que el titular del poder Ejecutivo, una de las principales banderas del actual gobierno dirigida a los servidores públicos. Ni los que ya estaban ni el cuarteto de reciente ingreso.
De cualquier manera, es un hecho que Lorenzo no estará en el INE para las elecciones presidenciales del 24. Los diputados tendrán que elegir nuevo presidente o presidenta.
Sería presidenta, para estar acorde con lo que establece la Constitución en materia de paridad de género. En su larga existencia, ninguna mujer ha presidido el Consejo General del INE, en contraste con lo que ha sucedido en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Carmen Alanis y Janine Otálora son ejemplo.
El que llegue o no una mujer al INE depende de los diputados. Estarían obligados a respetar el mandato constitucional. Tendría que ser producto del consenso de las diversas fuerzas políticas.
Sin duda, la forma en que se eligió a dos consejeros y dos consejeras el año pasado es buena señal sobre la viabilidad del consenso. La cuarteta fue aceptada prácticamente por todos los legisladores, con excepciones que en las democracias no faltan.
Morena es el partido más insistente en la reforma electoral. Su diputado Sergio Gutiérrez Luna se ha adelantado con la propuesta que busca austeridad y eficiencia, sin minar capacidad de organizador de elecciones que le corresponde al INE.
Primero tendrían que modificar las leyes electorales para después pasar a la selección de consejeros. Hay temas que se han vuelto clamor de la sociedad, como el ajuste al exceso de spots y la reducción al financiamiento público de los partidos.
Establecer en la ley que los consejeros electorales ganen menos que el presidente de la República.
Tendrá que ser una reforma sustancial y quirúrgica. Sería grave error pretender tirar a la basura lo que ha funcionado. Ha cumplido el personal del INE como organizador de elecciones. Lo mismo se puede decir de los ciudadanos y ciudadanas que han participado como funcionarios y funcionarias de casilla. La credencial de elector es respetada y deseada. El padrón es confiable bajo la vigilancia de los partidos. Cada vez hay más rigor en la fiscalización del dinero público.
En materia de estrategia de medios, habría que buscar darle más participación a cada uno de los consejeros electorales, porque parece que nada más existe el presidente.
Definir con precisión facultades del INE y del TEPJF para que no actúen como si fueran parte del poder legislativo o despierten sospechas al emitir acuerdos y resoluciones.
Las reglas para las candidaturas independientes deben de cambiar, ser más flexibles, si de verdad se quiere alentar esta figura.
Interminable la lista de afinaciones que requieren los organismos electorales. Pronto veremos hasta que punto los legisladores están dispuestos a lograr el consenso para mejorar la normatividad.

Arturo Zárate Vite

 

 

Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Titulado con mención honorífica.

Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal.

Más de cuatro décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político.

Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio.

Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.