¿Se van consejeros del INE?

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No sería la primera vez que consejeros electorales del INE se fueran anticipadamente, antes de terminar su periodo; ya sucedió en el 2007, cuando todavía era IFE, un año después de las cuestionadas elecciones del 2006, donde el ganador oficial apenas tuvo una ventaja del 0.56 % en la votación.
A pesar de que no ha sido una institución perfecta, con esta autoridad organizadora de comicios, que enterró a la Comisión Federal Electoral que presidía la Secretaría de Gobernación, México ha vivido la alternancia. Así fue en el 2000 con la llegada del PAN, en el 2006 repitió este partido, en el 2012 regresó el PRI y en el 2018 triunfó Morena.
El actual partido en el poder ha recurrido a dicho organismo para la elección, vía encuesta, de su dirigencia nacional. En su momento lo hizo el PRD. Más recientemente, trabajadores del sindicato de la General Motors pidieron al INE supervisar su proceso de conteo para definir a qué grupo correspondía la titularidad del contrato colectivo.
Para ser justos, hay que decir que los resultados obtenidos por el INE no solo son producto del trabajo de consejeros, también de la estructura de miles de empleados y, de ciudadanos que voluntariamente participan como funcionarios de casilla y cuentan votos, convencidos de la importancia de la imparcialidad de los procesos.
Lo que desentona es el presupuesto del organismo. Es tal el tamaño de sus recursos que, sin contar con el apoyo económico extraordinario solicitado a la Cámara de Diputados, pudo llevar a cabo la consulta nacional sobre el desempeño de actores políticos del pasado.
Además, el sueldo de los consejeros, muy por arriba de la percepción mensual que tiene el presidente de la República (111,990 pesos). Según la página de internet del instituto, reciben cada mes, netos, 179 mil pesos.
De los cuatro nombrados el año pasado, solo uno, José Martín Fernando Faz Mora, se bajó su ingreso a 111,878 pesos. Con anterioridad, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, hizo lo mismo (101,021 pesos). Nada más dos de los 11 consejeros.
Otro punto que mancha es que hay consejeros que creen que deben de responder a intereses ajenos a su función, porque le deben el puesto a partidos que los apoyaron en la Cámara de Diputados para ser electos.
En la legislatura que está por terminar se promovió una reforma electoral que no cuajó. De cualquier manera, el análisis sirvió para revisar estructura y comprobar la utilidad de los llamados OPLES, organismos locales. El defecto que se les encontró es que algunos de sus programas tienen gasto excesivo.
Respecto al Consejo General de INE, la idea que circuló es que tuviera una presidencia rotatoria.
Sobre el desempeño de los integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no hay duda de que se han ganado la renovación.
Inconcebible que en un mes haya cuatro o cinco presidentes de la sala superior del tribunal. Exhibe descomposición y la responsabilidad es colectiva porque se trata de un cuerpo colegiado.
Tanto en el poder legislativo como el ejecutivo han levantado la mano para armar la propuesta de reforma electoral. Es correcto que la hagan los que saben y tienen experiencia en la materia.

Arturo Zárate Vite

 

 

Maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Titulado con mención honorífica.

Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal.

Más de cuatro décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político.

Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio.

Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.