Por unanimidad, el Consejo General del INE destituyó a la consejera presidenta del instituto electoral de Campeche Lirio Guadalupe Suárez Améndola. Se comprobó que realizó actividades que no estaban dentro de sus atribuciones, en particular designar un encargado del Órgano Interno de Control del propio instituto, cuando por ley es competencia del Congreso Local. Sin discusión, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, consejeras y consejeros aprobaron el proyecto de resolución de 82 páginas que precisa las infracciones a la ley cometidas por Lirio Guadalupe y las declaraciones de ella para justificar su actuación indebida. Ahora el INE llevará a cabo en lo inmediato la designación de una presidenta o presidente transitorio. Se mantendrá en el cargo en tanto se realiza el proceso de elección del nuevo o nueva titular del Instituto Estatal Electoral del estado de Campeche. Lirio Guadalupe también había sido acusada de tráfico de influencias. Es el primer caso de este nivel y características que se registra en el año electoral 2023-2024.
Ahora resulta que la Corte se lava las manos y se desmarca de la lista que armó el Comité de Evaluación del poder judicial. No validó los nombres que finalmente quedaron después de la insaculación o tómbola que realizó la mesa directiva del Senado. Es una decisión que en nada afecta el proceso porque ya la había previsto la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La lista sigue firme, validada o no por la Corte. Lo que es innegable es que los nombres salieron del citado comité de evaluación y para nada pasó desapercibido que cargaron los dados para favorecer a nueve aspirantes a ministras. Tienen cualidades para aspirar a ministras, por su experiencia, por los cargos que han ocupado, pero también tienen puntos que pudieran ser desfavorables, por los gobiernos en los que han trabajado, por los casos que les ha tocado revisar como juristas y por sus lazos familiares. Ninguna fue a la insaculación. Llegarán directo a la boleta como candidatas al cargo de ministra. No tuvieron que dejar a la suerte si competían o no en la elección del 1 de junio. El pueblo, con su voto, tendrá la última palabra, decidirá si alguna o algunas de las nueve entra a la Corte. No pueden ser las nueve. Debemos recordar que la Constitución, con la reciente reforma, establece que solo nueve integran el Alto Tribunal. Por lo tanto, por paridad o género: cinco serán mujeres y cuatro varones. De cualquier forma, las nueve tienen posibilidades. Dependerá del número de votos que obtengan. Quien puso los reflectores sobre sus nombres fue el presidente de la mesa directiva del Senado Gerardo Fernández Noroña. Incluso el senador sugirió tomarse un té de tila antes de ponerse a buscar sus perfiles. La verdad, no alcanzaría este espacio para citar su amplia trayectoria, ni siquiera de una, así que apenas sus nombres y algunos rasgos. Los lectores y electores, como ha sugerido Noroña, deberán ir al buscador de internet por si están interesados o interesadas en saber más de estos personajes: Marisela Morales Ibáñez, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Dora Alicia Martínez Valero, Jazmín Bonilla García, Rosa Elena González Tirado, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Ana María Ibarra Olguín, Lutgarda Madrigal Valdez y Olivia Aguirre Bonilla. Marisela: procuradora General de la República en el gobierno de Felipe Calderón. Señalada de fabricar pruebas para encarcelar al comandante Javier Herrera Valle quien había enviado cartas al presidente para advertirle de nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado. También al final de su gestión, fue metido a la cárcel un periodista que había escrito que Calderón no ganó limpiamente en 2006. Dora Alicia: exlegisladora panista, funcionaria en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fue directora de enlace legislativo de la Secretaría de la Función Pública. Magda Zulema: actual magistrada, esposa del general Rafael Macedo, quien participó en la elaboración del expediente para tratar de quitarle el fuero de jefe de gobierno en la CDMX a Andrés Manuel López Obrador. Zulema también hizo proyecto de resolución para indemnizar con 3 mil 800 pesos a víctima de tortura física, la cifra más baja por ese concepto en el mundo. Jazmín: ha desempeñado diversos cargos en el poder judicial y existe la versión de que en algunos de ellos ha sido impulsada por el ministro Javier Laynez Potisek. Rosa Elena: En 1999 fue nombrada jueza y un año después, designada magistrada. Consejera de la Judicatura Federal en 2024. Paula María: actual magistrada e hija de la ministra en retiro y diputada Olga Sánchez Cordero. Doctora en Derecho por la UNAM. Ana María: Doctora y maestra en Derecho por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Durante más de ocho años fue secretaria de estudio y cuenta en la ponencia del ministro Arturo Zaldívar. Lutgarda: ha sido diputada priísta y Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Veracruz. Olivia: egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene doctorados en Derecho Penal y Derechos Humanos.
En materia electoral la última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo dice la Constitución, no requiere interpretación, literalmente lo especifica y a los juzgadores corresponde acatar. Por eso es que los amparos y suspensiones jurídicas que emiten jueces para frenar el proceso de elección de juzgadores, programado para el próximo 1 de junio, no proceden. Cierto que un amparo o suspensión emitido por juez tiene que obedecerse, no se puede ni debe ignorar, porque entonces se pondría en entredicho el Estado de Derecho. Nada más que en este caso los jueces no son competentes para estos asuntos. La Constitución les impide meterse en materia electoral. Seguro lo saben. Se hacen los desentendidos. Su objetivo es echar abajo la elección de juzgadores. Siguen instrucciones. No les importa actuar al margen de la ley. Dan por hecho y tienen la certeza de que nadie los va a molestar mucho menos a sancionar. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se supone tiene la responsabilidad de vigilar el desempeño de los juzgadores, no ha dicho nada. Ninguno de sus integrantes ha abierto la boca sobre tema en ese sentido, lo que sin duda los hace caer en negligencia, con conocimiento de causa. Se han quedado callados tanto los que llegaron por el camino de la Cuarta Transformación como los que llegaron por el camino de la Corte. Unos porque están convencidos de que nos les conviene la reforma judicial ni el proceso de elección de juzgadores y otros porque están en el final de su ciclo como juristas y no quieren hacer nada que repercuta en su jubilación. El hecho es que se ha dejado hacer y deshacer a jueces que evidentemente actúan por consigna y que lamentablemente, con su proceder, contribuyen al deterioro de la imagen del poder judicial. Si son capaces de pelearse con los poderes Ejecutivo y Legislativo e ir en contra de lo que señala la Constitución, qué puede esperar el mortal común cuando se topa con lo que se supone son impartidores de justicia. Al mortal común lo aplastan si hay consigna, no importa que tenga las mejores pruebas o haya sido declarado inocente y tenga a su favor el acuerdo del poder judicial que declara su caso concluido. En materia electoral, los jueces que siguen la línea de hacer lo que puedan hacer para descarrilar la elección de juzgadores, han chocado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Los magistrados Mónica Soto (presidenta), Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata se han vuelto garantes de hacer respetar y cumplir la Constitución ante la embestida de quienes atienden intereses personales o de grupo. Son mayoría en la sala superior del tribunal y con su voto han desestimado la acción indebida de jueces. También en su oportunidad, mantuvieron firme la defensa y cumplimiento de la ley cuando llegó a su jurisdicción el debate sobre la representación proporcional en el poder legislativo, la distribución de diputaciones y senadurías que tanto cuestionó la oposición. Lo que han hecho Mónica, Alfredo y Felipe es seguir al pie de la letra lo que dice la Constitución, sin inventar interpretaciones. Si hay quienes no entienden o no quieren entender que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la última palabra en materia electoral y que no hay recurso alguno que pueda tirar la reforma judicial y el proceso de elección, es porque lo suyo no es apegarse al Estado de Derecho. ¿Y que hará el CJF con quienes flagrantemente ignoran la Constitución? ¿Va a esperar a que se constituya el Tribunal Disciplinario?
En vísperas de que arranque en febrero el periodo ordinario de sesiones en el poder legislativo, se anticipa que al menos el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados pasaría apuros para mantener la unidad, por las supuestas y reales diferencias en su interior. Al integrarse la bancada parlamentaria de Morena en la actual legislatura no fue ningún secreto que además de Ricardo Monreal, también Alfonso Ramírez Cuéllar quería la coordinación. Desde el proceso de elección de la candidata o candidato presidencial se estableció que los participantes, que no ganaran, tendrían asegurado un espacio de acuerdo con su perfil. Así que por más comunicación y cercanía que tenía con la candidata y ahora tiene con la presidenta, Ramírez Cuéllar, quien no participó en dicho proceso, se quedaría con la vicecoordinación, sin dejar de influir en la toma de decisiones, no como quisiera y sería si fuera la cabeza del grupo. Monreal, para reforzar su liderazgo legislativo, jaló a su amigo diputado Pedro Haces Barba y lo hizo coordinador de operación política. Personaje que no termina de convencer a todo el grupo, porque hay a quienes lo descalifican por sus modos de relacionarse, acostumbrado, como dirigente sindical (secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) a mandar y e imponer su criterio. Para el periodo ordinario de sesiones que se avecina se da por hecho que será intenso el trabajo. Ya están en lista 68 iniciativas, más las que se acumulen en los siguientes días. Nuevas leyes, legislación reglamentaria de recientes reformas constitucionales, temas de vivienda, agua, nepotismo, alimentación, maíz transgénico, medio ambiente, lavado de dinero, entre otros, que van a requerir el consenso de la bancada Morena y sus aliados (PVEM, PT). La oposición no les preocupa, porque su representación es tan raquítica que no le alcanza para echar abajo ninguna propuesta o iniciativa. PRIAN tiene la esperanza de que se divida el voto en Morena, cosa que no sucedería, aunque haya diferencias internas. De acuerdo con la historia legislativa, en los grupos mayoritarios siempre han existido voces que tienen distintas opiniones. Defienden sus posiciones y hacen su mejor esfuerzo para que se tomen en cuenta. Al final todos y todas votan en el mismo sentido, se pone por delante el proyecto de gobierno. Las excepciones en las legislaturas se cuentan con los dedos, rarísimas. Llegan a tener un precio, porque quien disiente sabe que votar en contra impactaría en el desarrollo de su carrera. Hay un argumento de peso político que termina por convencer y que siempre utilizan o han utilizado coordinadores de distintos partidos que han sido mayoría en el pasado y son en el presente. A quienes amenazan con votar en contra, sea porque difieren en algún sentido con la iniciativa o porque pretenden emplear su voto como medida de presión para obtener concesiones, se les recuerda que la propuesta responde al proyecto encabezado por el presidente o la presidenta. Entonces al disidente le queda claro que su comportamiento se hará del conocimiento del jefe o la jefa, al que de alguna manera le debe el cargo. Por eso es que la diferencia de opiniones pasa a un segundo plano cuando llega el momento de votar y se privilegia el proyecto de gobierno. En el caso de la Cámara de Diputados es evidente que Monreal hace la parte que le responde al procurar mantenerse cerca de sus compañeros. Por eso es que esta vez, previo al próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, las reuniones del grupo se descentralizaron, se hicieron regionales.
La reforma electoral que planea llevar a cabo la Cuarta Transformación a finales del año en curso no pretendería acabar con las minorías en el poder legislativo. Van a seguir existiendo. Es lo que se puede desprender de lo dicho por la Doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Si bien se eliminarían las listas de representación proporcional, porque han perdido su esencia o su objetivo original, prevalecería el sistema de “primera minoría” que ya se utiliza para el Senado. Cuando se crearon los legisladores de partido en 1963, no electos de manera directa sino resultado del reparto proporcional de acuerdo con la votación obtenida en las elecciones, el propósito fue garantizar la opinión o expresión de la oposición en el Congreso. Hubo consenso con la apertura, con garantizar la pluralidad legislativa. En la sociedad mexicana y en cualquier sociedad del mundo, todos y todas no piensan igual, entonces habría que reconocer el derecho de quienes tienen un punto de vista distinto. Diferencia de opinión que corresponde a una parte de la población y que merece ser escuchada. El concepto de representación proporcional en el poder legislativo se aprovechó por todos los partidos, no únicamente para preservar a las minorías, también para garantizar la llegada al Congreso de gente valiosa, estudiosos, especialistas en distintos temas, que son necesarios, de la mayor importancia a la hora de elaborar leyes. Fue el camino para el arribo de personajes como Heberto Castillo, Eduardo Valle, Antonio Martínez Báez, Juan de Dios Castro Lozano, Gabriel Jiménez Remus, José Luis Lamadrid Sauza, Rosario Ibarra, Valentín Campa y muchos otros, con presencia e inteligencia reconocidas. Después empezó a distorsionarse el procedimiento, porque sería acaparado por líderes partidistas y sus cuates. Lo acabamos de ver en la reciente elección, los dirigentes del PRI y PAN se anotaron en el primer lugar de sus respectivas listas para asegurar su lugar en el Senado. Antes de que la Doctora Sheinbaum hiciera la precisión sobre la participación minoritaria, hubo voces dentro de la estructura oficial que se frotaban las manos anticipando la aniquilación opositora, basados en la versión que corrió en la administración anterior de que se acabaría con los plurinominales. En contraste, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, argumentó la importancia de escuchar a las minorías y no excluirlas por decreto. La presidenta, en conferencia mañanera del nuevo año, puso a cada quien en su lugar. Dejó en claro el alcance de lo que sería la propuesta de reforma electoral. En lugar de la representación proporcional quedaría lo que es llamado “primera minoría”. Es decir que los candidatos a diputados y senadores que logren el segundo lugar en la competencia electoral, también tendrían un escaño o curul en el poder legislativo, como oposición. Ya se hace en cierta medida en la composición del Senado, 32 de sus integrantes son de primera minoría. Habrá que esperar a conocer la propuesta completa en materia electoral, porque además de la primera minoría, podría crearse otra figura para ampliar la pluralidad legislativa. El tema de la integración de las cámaras será solo uno de los muchos puntos que le darán un giro a la competencia política. Por lo pronto, queda aclarado que el proyecto no se encaminaría a desaparecer a la oposición en el poder legislativo.