Patrimonio de candidatos

Poder legislativo
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Hay una idea que hasta ahora los partidos políticos no les gusta y es la de hacer pública la declaración patrimonial de quienes llegan a los cargos públicos; argumentan el riesgo que corren ante el problema de inseguridad en el país; temen ser víctimas de robo y secuestro.

En México no se han transparentado de esa manera ni quienes han presidido o presiden el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI);  alegan lo mismo, la posibilidad de que la delincuencia los ponga en la mira. La realidad es que la mayoría de los mexicanos está expuesto a sufrir un asalto, un robo, secuestro o hasta que le quiten la vida.

Sería ideal que antes de tomar posesión y después de terminar su gestión, la hagan pública, para tener la certeza de que no se han enriquecido en el cargo; para comparar su patrimonio con lo que entraron y salieron. Ganarían en imagen y seguro que la sociedad los apoyaría para ocupar otra responsabilidad en el servicio público si exhiben la pulcritud de su desempeño, en cualquiera de los tres poderes: ejecutivo, legislativo o judicial.

La declaración pública ni los representantes de la oposición la quieren hacer. ¿Recuerdas si un gobernador panista, perredista, o jefe de gobierno del Distrito Federal hizo pública su declaración? Igual sucede con legisladores, presidentes municipales, funcionarios de gabinete y titulares de organismos autónomos.

En España su ley de transparencia establece la obligación para los altos cargos, la publicación de su patrimonio y bienes tanto al asumir la responsabilidad como al concluirla. Hay que decir que es una legislación reciente, apenas entró en vigor en diciembre de 2013. Los políticos españoles se tardaron en aprobar la medida y todavía hay resistencias para cumplirla. Quizás en el fondo no quieren que se conozca el tamaño de su fortuna pero ser adinerado no es delito. Carlos Slim no oculta ni puede ocultar que está entre los más ricos del mundo ni vive escondido por ese motivo y su aparato de seguridad es discreto comparado con el que traen algunos funcionarios.

A la larga los políticos encontrarían ventajas de esta transparencia, desactivarían a quienes se han dedicado a sacarle provecho mediático al patrimonio de los servidores públicos. Quienes tienen una riqueza bien ganada, sin burlar ninguna ley, dormirían en paz.

El tema requiere trabajo legislativo, consenso de los partidos representados en el Congreso de la Unión para que en la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos la obligación vaya más allá de entregar la declaración a los archivos de la Secretaría de la Función Pública.

Si el presidente Enrique Peña Nieto ya hizo pública su declaración, porqué los demás van a ser la excepción.

Por lo pronto se avecina una oportunidad única e inmejorable para ganar votos en las elecciones de 2015. Ojalá se den cuenta los partidos y alguno de ellos esté dispuesto y decidido a pasar la prueba. Se imaginan cómo vería la sociedad al partido que anuncie que voluntariamente todos sus candidatos van a transparentar o hacer público sus bienes y patrimonio.

¿Quién dice yo?

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Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.