El precio de la tortura

Internacional
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La historia de hoy destiñe declaraciones oficiales. Aquellas que prometen y ofrecen absoluto respeto a los derechos humanos, las que se sienten agredidas cuando organismos internacionales, en particular la ONU, juzga que en México “la tortura es generalizada”.

¿Qué pasa si te torturan y se comprueba que te han torturado, incluso la autoridad ha aceptado que es culpable?

¿Será suficiente con darle atención psicológica al torturado?

Eso es lo que cree José Reséndiz Martínez, director general de apoyo jurídico de la Comisión Nacional de Seguridad, organismo que depende de la Secretaría de Gobernación.

Pasa por alto lo que establece el párrafo segundo del artículo primero de la Ley General de Víctimas:

“En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona”.

 

Para el director jurídico, para que él pueda admitir que procede la indemnización, expresamente tenía que haberlo solicitado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Sin embargo, en este caso, la víctima se amparó en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, porque es la que más le favorece y porque el responsable de la agresión es el Estado.

La víctima buscó plantear el caso a la ahora ex subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, pero para entonces la prioridad de la funcionaria era convertirse en candidata a diputada. Es de esperarse que su relevo, Roberto Campa, quien tiene fama de actuar con sensibilidad política, social y humana, haga las correcciones necesarias.

También el tema es una vergüenza para el servidor público que firmó la Recomendación 27/2013 de la CNDH, porque es inconcebible que suponga que una tortura queda resuelta con solo atención psicológica para el torturado, como si la tortura no tuviera secuelas, como si la víctima no tuviera un entorno familiar, laboral y social.

¿Qué dirán los organismos internacionales defensores de los derechos humanos de enterarse con detalle de este episodio, que en México se tortura y cuando lo hace el Estado se resiste a indemnizar?

El caso está en estudio en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que en resolución emitida el 30 de septiembre de 2014, pidió a la CNS que atendiera la solicitud de indemnización.

Meses después, el 19 de enero de 2015 el citado licenciado Reséndiz argumentó que la vía para reclamar la indemnización es improcedente.

¿Estará enterado este licenciado de lo que se dice de México en el exterior en materia de derechos humanos y tortura?

¿Sabrá que en el momento de la tortura la víctima piensa en el final de su vida?

¿Tendrá claro que con su actitud, de resistirse a indemnizar o propiciar un largo proceso legal, que implicaría revivir el episodio de la tortura, corre el riesgo de revictimizar a la víctima?

Por esa realidad que lastima, la víctima (expediente 8990/15-17-02-1) ha procedido a presentar la demanda correspondiente en el mismo Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque el segundo párrafo del artículo primero de la Ley General de Víctimas es claro y contundente:

“En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona”.

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Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.