Tiempo de Roberto Campa

Internacional
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Para Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, seguro que debe ser de la mayor importancia atender el reclamo de indemnización de una víctima de tortura, sobre todo si hay aceptación de la autoridad de que cometió la agresión. Sus sensibilidades humana y social no le permitirían una posición distinta. Mucho menos si tiene planes de competir por la candidatura de su partido en el proceso electoral del 2018, siempre y cuando le perdonen el caso de la fuga famosa de El Altiplano.

Sería grave que en su expediente apareciera el antecedente de que la institución de la que es titular, se resiste a pagar una indemnización por tortura, máxime que en esta materia México tiene la mirada fija de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos.

Sabe que la imagen de autoridades no es la deseada para un país que hace esfuerzos por ser demócrata y justo.

La Ley General de Víctimas en su artículo primero señala:

“En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona”.

El alcance e interpretación del precepto es indiscutible. Su precisión no da lugar para ambigüedades.

Desde septiembre de 2014 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le ordenó a la Comisión Nacional de Seguridad que depende de la Segob atender la solicitud de indemnización.

Hasta ahora el director general de apoyo jurídico de la CNS, José Reséndiz Martínez, ha evadido el reclamo, lo considera improcedente, quizás porque para él lo que menos importa es el daño que se ocasiona a la víctima y a su familia con una agresión de esa naturaleza.

Tampoco pareciera preocuparle el deterioro de la imagen de la Secretaría de Gobernación y del gobierno federal. Su actitud contraviene una determinación del poder legislativo.

¿Qué parte de artículo primero de la Ley General de Víctimas no entenderá?

De nuevo el citado tribunal federal de justicia fiscal y administrativa le ha pedido a la CNS, a su abogado, que exprese por escrito su respuesta a la demanda de indemnización.

El tiempo corre ya para su contestación.

Debe saber Osorio Chong que el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, ofreció revisar esta situación:

‏‪@1campa

‪@zarateaz1: El precio de la tortura./Lo reviso

5:29 - 7 may. 2015

Es de suponer que ya la revisó.

Lo que diga el abogado Reséndiz dejará huella. Medirá la voluntad de la autoridad para acatar la Ley General de Víctimas que dispone aplicar la ley que más convenga a la víctima y en este episodio es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Si el Estado es culpable, el Estado tiene que pagar (http://arturozarate.com/?p=1666).

No creo que Osorio Chong también quiera pasar a la historia como un funcionario que se opuso a la indemnización de un torturado.

Roberto Campa tiene una larga trayectoria en la política, con altas y bajas. La experiencia lo ha vuelto sensible y está ante la oportunidad de sumar otro punto a su favor.

Es el tiempo de Campa.

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Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.