Resoluciones del tribunal electoral

Política
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Enhorabuena la voluntad de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para perfeccionar las leyes que les atañen y mejorar la impartición de justicia.
Su actitud está abierta a revisar lo que se tenga que revisar y actualizar lo que se tenga que actualizar. Incluso, no se opondrían a valorar la existencia de tribunales locales, porque pareciera que están convertidos en ventanilla para recibir quejas que finalmente llegan al terreno federal.
Apoyan la idea de contar con una nueva ley de medios de impugnación que podría llamarse “ley de enjuiciamiento”, como sugiere el magistrado Felipe Barrera Fuentes, presidente de la sala superior del TEPJF, porque la vigente data de 1996, hace más de 20 años. Esta envejecida, con mecanismos muy rezagados ante las nuevas herramientas de comunicación.
Incluso, los magistrados, quieren llegar a los juicios en línea, para que todo el que tenga Internet, pueda seguir los procedimientos y recursos que corresponde desahogar al tribunal.
Bien por ellos. Seguro que los legisladores, diputados y senadores, van a tomar muy en cuenta su disposición y observaciones para mejorar la aplicación de las normas, en beneficio de la democracia.
Sin embargo, tratándose del tribunal electoral federal, hay un punto que no deben perder de vista los magistrados, medular para la impartición de justicia. Tema permanente para su reflexión, para garantizar la imparcialidad e independencia sin el menor asomo de duda: sus resoluciones.
Es público que han emitido resoluciones controvertidas, al extremo de lastimar la imagen de la institución y, por supuesto, el desempeño de los mismos juzgadores. No es la intención volver a poner el dedo en la herida, sino compartir experiencias que pueden ayudar a la elaboración de veredictos impecables, a resistir presiones de las dos partes en conflicto u ofrecimientos de poderosos.
Recuerdo que alguna vez un servidor público de alto nivel tenía en sus manos o sobre su mesa un asunto muy espinoso. Presiones de las dos partes, cada una quería que resolviera a su favor. Presiones de peso, de personajes con poder. Quedar bien con uno, era afectar al otro.
¿Qué hacer?, se preguntaba.
Me pidió como analista una opinión y no dudé en responderle pronto: resolver conforme a Derecho.
Hizo lo correcto, actuó en estricto apego a la ley, desoyó consignas y las dos partes reconocieron y aceptaron el fallo.
En el caso de los magistrados electorales, lo fundamental depende del sentido de sus resoluciones, con imparcialidad e independencia.

Arturo Zárate Vite

 

 

Es licenciado en periodismo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con mención honorífica. Se ha desempeñado en diversos medios, entre ellos, La Opinión (Poza Rica, Veracruz) Radio Mil, Canal 13, El Nacional, La Afición y el Universal. Más de dos décadas de experiencia, especializado en la información y análisis político. Ejerce el periodismo desde los 16 años de edad.

Premio Nacional de Transparencia otorgado por la Secretaría de la Función Pública, IFE, Consejo de la Comunicación, Consejo Ciudadano por la Transparencia e Instituto Mexicano de la Radio. Su recurso para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano logra tesis relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de conocer los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos.

Además, ha sido asesor de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es autor del libro ¿Por qué se enredó la elección de 2006, editado por Miguel Ángel Porrúa.